Mientras transcurría la
madrugada, Jorge “Batata” Bogado, puntero del Partido Justicialista (PJ),
irrumpió con su auto en el piquete. Ante el estupor de todos, Bogado sacó una
pistola 9 milímetros y le disparó a quemarropa a Javier Barrionuevo, un
changarín que participaba en la medida de fuerza. Minutos antes, la policía de
la comisaría 5º de El Jagüel que custodiaba el piquete le había cedido el paso
a Bogado. Ocurrido el hecho los uniformados se retiraron del lugar.
Con el correr de los días,
se conoció que en ese entonces Bogado mantenía estrechos vínculos con Alejandro
Granados (ex intendente de Ezeiza y actual ministro bonaerense de Seguridad) y
con Alberto Groppi (ex intendente de Esteban Echeverría), que también se
desempeñó como jefe municipal durante la dictadura militar, entre noviembre de
1979 y diciembre de 1983.
Cometido el asesinato de
Barrionuevo, el MTD de Esteban Echeverría junto a otras organizaciones
comenzaron un lucha para encarcelar a Bogado y a los cómplices por la muerte de
Barrionuevo. Una y otra vez, el Poder Judicial puso palos en la rueda.
Según las informaciones
del caso, Bogado llegó al juicio en su contra con plenas libertades. La causa,
que recayó en los Tribunales de Lomas de Zamora, estuvo rodeada de
irregularidades desde el principio. A esto se sumaba que los testigos que iban
a declarar contra Bogado estaban amenazados de muerte por la policía
bonaerense.
A su vez, el fiscal de la
causa Pablo Pando desestimó las pruebas acusatorias existentes y por eso el
asesino de Barrionuevo fue absuelto. El currículum de Pando no deja dudas sobre
sus intereses a favor de Bogado y de los cómplices del asesinato: sobrino del
ex almirante y acusado por delitos de lesa humanidad, Carlos Alberto Lacoste, y
cuñado del dictador Jorge Rafael Videla.
Ante las crecientes
movilizaciones contra la impunidad, Bogado fue detenido bajo prisión
domiciliaria y se le otorgó permiso para trabajar. Al poco tiempo, el programa
de televisión Punto Doc mostró que el puntero del PJ ni siquiera cumplía ese
régimen y gozaba de total libertad.
Desde el Observatorio de
Vulneración de Derechos condena la impunidad total que rodea a este caso, que
deja al descubierto, una vez más, la complicidad entre el Poder Judicial, los
sectores políticos más reaccionarios y las fuerzas de seguridad, en este hecho
la policía bonaerense.
La impunidad de Bogado y
de quienes lo encubrieron, sumado a una justicia que criminaliza a los sectores
más humildes junto al silencio de los gobernantes ante este caso, demuestran
que todavía existe un plan para reprimir, judicializar y criminalizar la
protesta social.
