El comienzo del siglo XXI nos enfrentó con la más descomunal crisis de la Argentina moderna, y frente a ella, la sociedad civil se encontró con un Estado (nacional, provincial y municipal) desbastado y sin respuestas, resultado y víctima de una década de neoliberalismo salvaje y depredador, que había hecho del aparato estatal su presa y de los trabajadores públicos sus víctimas.
La salida de la crisis del 2001 nos encontró, como ciudadanos y como empleados del estado, embarcados, como en otros ámbitos, en un proceso de recuperación de lo perdido, demostrando la necesidad cotidiana y estratégica de la presencia del Estado en nuestras vidas, compensando desigualdades, construyendo bienestar, proveyendo justicia.
Esta reconstrucción no habría sido posible sin el protagonismo de los trabajadores que lo pueblan y lo alimentan con su tarea. Paritarias, remuneraciones, carrera, organización sindical, se dispusieron para hacer un Estado al servicio del pueblo.
Este desafío, inconcluso, alcanza a los gobernantes y permite enunciar una regla: si no se pone al Estado, en sus tres poderes, al servicio del pueblo, se termina estando contra el pueblo, y si, en el proceso de pauperización del Estado, se pauperiza a sus trabajadores, se termina, indefectiblemente, empobreciendo al pueblo.
Es por esto que, convencidos de la necesidad de la defensa de lo público y de sus trabajadores y trabajadoras, los gremios estatales de las dos Centrales sindicales, CGT y CTA, convocamos a la acción conjunta, por:
1. Apertura de paritarias ya, sin techo y sin condicionamientos.
2. Respeto a la representación paritaria plural.
3. Salarios justos.
4. Condiciones de trabajo dignas.
5. Derecho a la carrera profesional.
6. Apertura inmediata de las negociaciones paritarias sectoriales.
7. Estabilidad en el empleo público. Eliminación del trabajo precarizado.
8. Aplicación irrestricta del salario mínimo vital y móvil para todos los trabajadores de los estados nacional, provinciales y municipales.
9. Eliminación de los impuestos al trabajo.
10. Actualización y universalización de las asignaciones familiares, sin topes ni discriminaciones.
11. Vigencia plena de la libertad sindical.
12. Convenio colectivo de trabajo para los estados nacional, provinciales y municipales.
13. No criminalización de la actividad sindical. Repudio a la represión de los trabajadores, como fue el caso de los compañeros chaqueños durante los últimos días.
14. Por el 82 % móvil para todos los trabajadores jubilados estatales.
Esta agenda mínima, pero no concluyente, necesaria pero no suficiente, es nuestra invitación a la acción.
Desde esta instancia de coordinación de gremios estatales de ambas Centrales, solicitamos una pronta respuesta del Estado empleador, poniendo en marcha un plan de acción y tutela del empleo estatal y el rol protagónico del Estado, respetando el derecho de nuestras Organizaciones y sus representados a ser parte de la construcción de una Patria solidaria con trabajo digno y justicia social.
ABC – AEFIP – AMRA – APPAMIA – APOPS – ATE – AGOEC –
COEMA – DRAGADO Y BALIZAMIENTO – FESPROSA – FJA –
SADEM – SAL – SOEME – SUTEP – UEJN – UDOCBA – UTERA –
FND
