ATE

"Sabemos que el Estado viene vulnerando derechos ya antes que asuma este gobierno pero la gestión de Milei, a través del DNU y la ley ómnibus, vino a profundizar las malas condiciones de trabajo y la precarización, desde una mirada patriarcal y oligárquica", explica la trabajadora provincial e integrante del Consejo Directivo Provincial, Irina Silberman.

El impacto del ajuste libertario en el Estado nacional, junto a su réplica en espejo en la administración provincial cordobesa y los municipios, afecta de manera desigual a varones y mujeres.

Esta realidad es abrumadora en la Provincia y la experiencia es equivalente en aquellos municipios donde el proceso de ajuste enfrenta la representación de ATE de las y los trabajadores de la localidad.

Así, del total de aproximadamente 400 despidos en el Estado provincial, las mujeres superan de manera holgada las 200. El caso de SENAF es claro: el Complejo Esperanza sufrió 23 despedidas/os, pero solo dos fueron varones. En tanto, en la Subsecretaría los 14 despidos son todas mujeres.

A su vez, 51 despidos en el ámbito municipal, 26 de 40 cesanteadas son mujeres en Anisacate, las nueve despedidas de Mina Clavero son compañeras y otras 2 trabajadoras sufrieron el despido en la Municipalidad de Mendiolaza.

Por su parte, en los organismos del Estado nacional en Córdoba, ATE tiene registrados al día de hoy ocho despidos, de las cuales seis son mujeres.

Esta situación se mantiene en pie a pesar de la caída en desgracia de la ley ómnibus, sucedida ayer.

El ajuste en el Estado se expresa en congelamiento de salarios, no renovación de contratos y persecución gremial.

En tal sentido, la secretaria de Formación del Consejo Directivo Provincial y trabajadora provincial de la SENAF, Irina Silberman, explica que sufre la precarización “hace más de siete años. Sabemos que el Estado viene vulnerando derechos ya antes que asuma este gobierno pero la gestión de Milei, a través del DNU y la ley ómnibus, vino a profundizar las malas condiciones de trabajo y la precarización, desde una mirada patriarcal y oligárquica”.

Y agrega que “claramente en este contexto las mujeres son las personas más vulneradas, a partir del achicamiento del Estado. Atacan siempre a las que le ponemos el cuerpo cada día en nuestro lugar de trabajo. Tratan de invisibilizar a las mujeres y las disidencias para llevarse puestos los derechos conquistados por el movimiento feminista en Argentina y el mundo. Así corren riesgo la ley del aborto seguro y gratuito, el matrimonio igualitario, la paridad de género en espacios públicos, las licencias por maternidad embarazo y lactancia. Vienen por todo”.

En esa línea, baja la situación a la administración provincial, al señalar que “Córdoba fue de las primeras provincias permeables a las propuestas de Milei de meter parámetros de productividad en función de las licencias. No es casual que la mayor cantidad de despedidos en Córdoba seamos mujeres y que el nivel de productividad se analiza en función de las licencias relacionadas con el cuidado de nuestros niños y de maternidad. Dicen que las mujeres somos carpeteras porque gestamos, porque parimos y cuidamos a las infancias”.

La enfermera del Hospital de Niños, María José Agüero, delegada de ATE e integrante del CDP da cuenta de esta situación, dice que “el DNU afecta directamente a las y los enfermeros, tanto en nuestra labor diaria como en las condiciones de trabajo y de participación en el sistema de salud. Además, puede influir en la regulación de la profesión a partir de la modificación de la ley para su ejercicio, así como en la promoción de la formación y el desarrollo profesional. También hay que considerar cómo estas medidas impactan en la salud mental del personal de enfermería dado el nivel de presión al que estamos sometidas”.

“Una de las tantas discriminaciones a las mujeres es que se habilite la pregunta, en la evaluación para un puesto de trabajo, si la mujer está en los planes ser madre, si tenes familia, hijos. Ante esto no tendríamos herramientas para defender a nuestras compañeras, trabajaríamos tres meses y se daría de baja el contrato sin justificación”, denuncia.

Por otro lado, la Vocal del Consejo Directivo Nacional, madre de dos y trabajadora municipal, Julia Giuliani, se congratuló con la baja de la ley ómnibus pero afirmó que el ajuste prosigue y castiga “a las administraciones municipales, al reducir las partidas presupuestarias para las provincias, que derrama en un ajuste de los presupuestos municipales, donde los trabajadores somos el eslabón más débil de los estatales”.

“Como productora y realizadora de medios genera fuerte preocupación el ajuste que el gobierno nacional aplica sobre los medios públicos. Así buscan acallar voces, generar un discurso único que posicione la política de ajuste generando apoyo dentro de la población, apuntando a una agenda de discusión pública con falta de crítica a la política que se lleva adelante desde el 10 de diciembre y fomentando la privatización y desguace de los medios estatales”, enumera. 

En esa senda, la secretaria de Géneros y Diversidades del CDP, María Spaventa, mostró su preocupación por “la bajísima asignación de presupuesto para las políticas de géneros y de cuidados, al ver el fuerte ataque institucional con la degradación del Ministerio a Secretaría”.

Jubiladas

Nora Cendra, jubilada provincial del sector salud, afirma que “tanto en el DNU como en la ley ómnibus los jubilados somos los más afectados por las implicancias que impone a través del ajuste a nuestros sueldos, sacando el 1% del PBI del gasto previsional para llegar al equilibrio fiscal”.

“Con el ajuste de las jubilaciones nuestros ingresos se van a devaluar más de un 30%”, se lamenta.

Si bien la derrota política del Gobierno en el Congreso detuvo la iniciativa para vender el Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSES, su millonario capital sigue en las miras libertarias. “Tiene un papel clave como garantía para cobrar nuestros sueldos en épocas de crisis profunda. No sabemos que se haría a ciencia cierta con ese dinero: si pagar deudas que no contrajimos o financiar la fuga a paraísos fiscales”.

La dirigente de Santa María de Punilla sostiene que “la derogación del cálculo de movilidad, ya devaluado durante el gobierno anterior, nos dejaría a expensas de los aumentos miserables que el Gobierno aplicará a propia voluntad, mientras que el ajuste en PAMI directamente nos pone en riesgo de muerte por la pérdida de prácticas médicas y remedios gratuitos”.

Por eso sostiene que “están en riesgo demasiados años de trabajo, ahorro y salud dejados en el camino para someternos al final de nuestras vidas a una subsistencia en condiciones indignas. Por eso pedimos acompañar de la manera que podamos la lucha de los que ponen el cuerpo y el alma para defendernos”.

El ajuste previsional en ANSES

Estefanía Carranza es abogada e integra el Área Jurídica de ANSES en Córdoba, al tiempo que es delegada de ATE en la oficina de Despeñaderos. “Mi tarea consiste en analizar registros, pruebas o solicitar medidas reparatorias para emitir una opinión legal, fundamentándose a partir del ordenamiento jurídico, para versar sobre la correspondencia del derecho, el carácter del servicio, que involucra a determinado titular sobre un determinado beneficio de la seguridad social”, dice para explicar que su actividad requiere conocimiento y constante actualización sobre las normas jurídicas y el derecho previsional.

Según la OIT, la seguridad social, explica la especialista, es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para garantizar el acceder a la seguridad médica y los ingresos en caso de vejez, falta de empleo, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida de sostén de familia. Este concepto está garantizado en la Declaración Universal de los DDHH.

Según un informe del organismo que se analizó su actuación en el primer trimestre de 2023, las mujeres constituyen el 65% de las beneficiarias del Sistema Integrado Previsional Argentino, en tanto el 35% son varones.

“La creencia que pretenden instalar que en ANSES se dan planes no es real, sino una falacia para darle al organismo una mirada meramente asistencialista. La ANSES otorga derechos de la seguridad social, con beneficios destinados a todas las personas que habitan nuestro país, conforme los requisitos que fijan su obtención. De esta forma ANSES permite que el Estado argentino cumpla con las obligaciones que fija la Constitución Nacional y los tratados internacionales firmados con otros países. Al ser un sistema público no es un organismo excluyente y brinda garantías sobre el pago de las prestaciones, a diferencia de empresas privadas como las AFJP que limitaban el acceso a las prestaciones por debajo del mínimo legal establecido”, dice Carranza.

Y concluye: “si la seguridad social es una obligación estatal lo lógico es que la entidad que lo hace efectivo sea del Estado, cuidando y administrando sus fondos. Para eso la ANSES cuenta desde con el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad), que a la fecha tiene superávit y fue creado para garantizar el pago y prestación de las obligaciones. A través de la ley ómnibus se pretende otorgarle al presidente la capacidad de disponer discrecionalmente de los fondos. Esto es gravísimo porque implica una profunda desfinanciación de nuestro sistema previsional. Las jubilaciones, pensiones, asignaciones, créditos a jubilados, moratorias para regularizar aportes, todo en riesgo por la desfinanciación”.

Represión en el Congreso

Mientras se trataba la semana pasada la ley ómnibus en el Congreso y grupos de militantes, organizaciones políticas y sociales, ciudadanos llegados al lugar por sí mismos, manifestaron su rechazo al tratamiento de la ley que finalmente sería retirada por el propio oficialismo, ante la presión social y su incapacidad de articular las alianzas políticas que lograsen la media sanción en Diputados.

Allí encontró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich el ámbito propicio para desplegar su habitual aparato represivo, que hasta los propios aliados calificaron de desproporcionado, habida cuenta de la cantidad de policías dispuestos para una escasa cantidad de gente en el lugar.

En ese contexto, al mismo tiempo que se complicaba dentro de la Cámara el debate para el oficialismo, en una acción claramente distractiva y a los fines de quitar el foco de atención sobre el debate, la policía arremetió contra cuatro chicas que estaban sentadas en el suelo cantando el Himno Nacional de manera absolutamente pacífica.

Cuatro mujeres jóvenes de distintos orígenes políticos que unían anhelos con la esperanza que la ley fracasara en su tratamiento, lo que finalmente sucedió días después. Pero la detención expresa como la política represiva también hace foco en las mujeres, sin importarle la vulnerabilidad e indefensión del momento frente a los hombres armados que, según denunciaron posteriormente, alguna de ellas fue arrastrada del pelo por una cuadra.

En ese contexto, la delegada de ATE en Parques Nacionales e integrante de la Secretaría de DDHH en el CDP, María Llorens, expresó el repudio de nuestra organización a las detenciones y apuntó contra la política represiva de Milei. “Es evidente que esta política cierra con represión en la calle. No tienen el consenso necesario para aplicar estas políticas de desguace y remate del Estado”, apuntó la dirigente.

Los decretos 84 y 70/2023 van en contra de los derechos laborales adquiridos del movimiento obrero. Lo único que ofrece este gobierno a las y los trabajadores es pobreza y represión, por eso seguiremos en la calle representando a las y los estatales para resistir y dar vuelta este ajuste”, advierte Llorens.

Conclusiones

A pesar que el proyecto de ley no será aprobado, sus más directas expresiones referidas a la situación de las mujeres y su ninguneo a las diversidades, muestran una política de retroceso claro en derechos para el sector.

Así, la expresión violencia de género se reemplazaba en el texto de la Ley Micaela por ejemplo por “violencia familiar y contra la mujer”. Por un lado, invisibilizaba la diversidad al acotarla a la categoría “mujer”. Y dejaba de lado que la violencia de género adopta diferentes dimensiones y se perpetra en espacios que van mucho más allá del familiar, operando como base de desigualdad estructural.

El proyecto oficialista proponía modificar, entre tantas cosas, la Ley de los Mil Días (Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia), eliminaba la nominación «personas gestantes» -en el original- y la reemplazaba por «madres embarazadas». Al tiempo que hacía mención en reiteradas oportunidades a «niños desde la concepción«, un concepto que es la base de los movimientos que se oponen al aborto.

También eliminaba las menciones al “respeto irrestricto del interés superior del niño y de la niña y del principio de autonomía progresiva” y a la “autonomía de las mujeres y otras personas gestantes”.

Para ATE se trata del más feroz ataque a los derechos conquistados por las mujeres y diversidades desde la recuperación democrática, política implementada pro un gobierno que pretende cambiar de raíz la concepción de Estado, para pasar a ser de garante de derechos a garante exclusivo de negocios. Sin lugar en su programa para el movimiento feminista, ya que representa a los sectores más reaccionarios y medievales, su política encontrará en ATE la resistencia eficaz y necesaria para defender los derechos adquiridos en años de lucha. Las y los estatales estamos unidos en la defensa de nuestros derechos.

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