Tras anticipar el
rechazo por parte de la organización gremial a la entrada en vigencia del
decreto presidencial por el que se dejará sin efecto el reconocimiento de
“zonas diferenciales” por el que se incluye a la Patagonia, el titular de ATE-
Santa Cruz, Alejandro Garzón, subrayó que “desconocer a las zonas diferenciales
es un acto inhumano, inmoral y genocida por parte del presidente Mauricio Macri”.

Garzón
sostuvo que “desconociendo todo principio de equidad social e incluso
financiera, el gobierno nacional se dispone  mediante aplicación de un
decreto, modificar el régimen de asignaciones familiares, y en ése marco eliminar
las llamadas zonas diferenciales, entre las que se encuentra la Patagonia desde
hace largos años, afectando de manera directa el beneficio que alcanza hoy
a unos cien mil chicos, con el hipócrita argumento de equiparar el valor de las
asignaciones en todo el país”

Para
el titular del CDP, “las zonas diferenciales fueron así definidas hace largos
años con la intencionalidad de fomentar la población y compensar gastos,
 desde una mirada inclusiva  y tendiente a crear mecanismos que
ayuden a la integridad territorial” y agregó: “de hecho en las negociaciones
paritarias que venimos llevando a cabo los trabajadores estatales, de marzo y
agosto, hemos logrado aumentar los montos asignados. Ahora desde el Ejecutivo
nacional  se disponen a imponer  desde septiembre, la unificación del
valor en todo el país con máximos de $1500, y en la Patagonia  y el norte
del país, ya no se cobrará doble. El gobierno interfiere de manera insensible,
arbitraria en éstos acuerdos sellados, y merece nuestro repudio y rechazo
terminante”.

Para
el dirigente  provincial de los trabajadores del Estado “como ocurre a la
hora de discutir salarios, el macrismo pretende equiparar en baja, sin medir
las consecuencias que afectará a miles de familias las que, desde zonas
inhóspitas de nuestro país realizan nobles y patrióticos esfuerzos que hacen a
la producción y el desarrollo nacional. Teniendo en cuenta que el decreto, a su
vez, eleva el ingreso mínimo desde el cual el trabajador o grupo familiar
percibirá asignaciones, a lo que debe sumarse que si uno de los integrantes del
grupo familiar tuviera un ingreso superior a los 41.959 pesos, quedará excluido
del cobro de las asignaciones, estamos en presencia de acto discriminatorio que
atenta contra derechos adquiridos”.