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En los últimos meses, diferentes demandas han puesto a la tierra en el centro de la escena. ¿Por qué es necesario que el Estado intervenga?

El control del derecho a la tierra ha sido
históricamente un instrumento de opresión y colonización en todo el mundo. En
los últimos meses, diferentes demandas han marcado la agenda y han puesto a la
tierra en el centro de la escena. ¿Quiénes pueden acceder? ¿Por qué es
necesario que el Estado intervenga?

*Nota publicada en El Trabajador del Estado de noviembre (Click acá para descargarlo).

En la actualidad, más del 80 por
ciento de las personas que trabajan y siembran la tierra la alquilan, a
precios que compiten con los desarrollos inmobiliarios de alta gama, como los
countries y clubes de campo. En Argentina, sólo el 13 por ciento de la
tierra está en manos de pequeños productores a pesar de ser el sector que produce
más del 60 de los alimentos que circulan en el mercado interno.

El acceso a la tierra se encuentra ligado a
la vivienda, la alimentación, el trabajo y el desarrollo cultural.  Al ser un recurso cada vez más escaso  el Estado debería adoptar medidas que regulen
y  garanticen oportunidades.

Sin acceso a la tierra, se profundizan las
desigualdades y se empuja cada vez más a sectores de la población a la
marginación, pobreza e indigencia.

 Aunque es histórico, en los últimos meses
conflictos con distintas características y particularidades tomaron relevancia
en las agendas mediáticas y el acceso a la tierra pasó al centro de la escena.

"La
falta de acceso a la tierra incide fundamentalmente en la realización del
derecho a una vivienda digna. Aunque la problemática es de larga data,  la “Toma de Guernica” en el partido de
Presidente Perón de la provincia de Buenos Aires, es una de las situaciones más
emblemáticas del conflicto por la tierra, por abarcar alrededor de 100
hectáreas, con aproximadamente 2.500 familias y 3.000 niñxs y adolescentes”,
señaló María José Cano, 
Directora del Departamento Derechos de los Pueblos de ATE Nacional. El
pasado 28 fueron violentamente desalojadxs y reprimidxs (ver recuadro).

En la Patagonia, cuando el conflicto
involucra a los pueblos originarios como habitantes ancestrales de la tierra,
como por ejemplo en la “toma” de tierras en Villa Mascardi – el mismo lugar
donde fuera asesinado Rafael Nahuel- lo que surgen son más respuestas punitivas
reduciendo el problema a una usurpación de la propiedad privada que a políticas
concretas.

"El
modelo productivo en nuestro país históricamente se ha basado en la
concentración de la tierra. El protagonismo de la organizaciones sociales se
expresa con distintas propuestas y proyectos planteando la salida y disputando
a grandes grupos concentrados, oligarquías y monopolios",
indicó Cano.

Una de estas iniciativas surge desde la CTA
Autónoma, desde donde se lanzó un proyecto de Ley que tiene por objetivo
redistribuir y reordenar las tierras fiscales en manos del Estado.

Proyecto
de Ley  “Marcha al Campo”

El proyecto Marcha al Campo, impulsado por
la CTA Autónoma y diferentes organizaciones, estipula la promoción y
reordenamiento del uso de tierras fiscales en manos del Estado y busca activar
proyectos productivos, vinculados a la agricultura, para que personas y grupos
familiares puedan establecerse.

 Define
tres herramientas que serán necesarias para su éxito. En primer lugar, se
deberá realizar un relevamiento de las tierras fiscales existentes para
determinar si son de orden nacional, provincial o municipal. Las tierras serán
cedidas en comodato, es decir que nunca dejarán de ser propiedad del Estado, y
en extensiones de no más de 150 hectáreas.

Luego se deberá definir el sujeto social
objetivo de este programa, realizando encuestas a los grupos familiares para
determinar sus necesidades.

Por último, con los beneficiarios bien
elegidos, se llevará adelante un programa de capacitación que disponga los
criterios para trabajar en forma cooperativa y conformar unidades de trabajo y
producción.

En la iniciativa legislativa, se prevé el
otorgamiento de una renta básica por localización y créditos para acompañar a
las familias y generar condiciones de infraestructura básicas para su
radicación, desde la vivienda, el acceso a servicios públicos, entre otras.

De ahora en más, el proyecto debe pasar por
las comisiones de Legislación General, Agricultura y Ganadería, Población y
Desarrollo Humano y Presupuesto y Hacienda. De aprobarse, se estima que la
primera etapa (el análisis de las tierras fiscales disponibles) se extendería
por 48 meses. Luego de eso, a largo plazo, la aspiración de los legisladores es
poder llegar a generar entre 700.000 y 1 millón de puestos de trabajo en el
interior del país.

ATE
repudió el desalojo en Guernica: La salida es política, no represiva

En un comunicado firmado por María José
Cano y "Cachorro" Godoy, ATE repudió el brutal desalojo y represión a
las familias que se habían asentado en Guernica, Presidente Perón.

El sindicato ponderó las propuestas e
instancias de negociación que se desplegaron durante los últimos tres meses, "con el objetivo de obtener no sólo una
respuesta a una justa demanda, sino evitar también la violencia  desatada en el marco del desalojo".

A su vez, rechazó "toda estigmatización de quienes luchan por condiciones de vida
dignas, como también su criminalización y judicialización”. “La mayor
solidaridad con las familias de Guernica",
expresó ATE.

"En
medio de una crisis sin precedentes y ante un tema tan sensible en nuestro país
como es el acceso a una vivienda digna, y reconocido oficialmente el gran
déficit habitacional"
, estos hechos "ponen en jaque la necesaria e
impostergable exigencia de políticas que aseguren no solo ese derecho".

En ese sentido, ATE enfatizó que "se torna ya impostergable la sanción
del Proyecto de Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas, así como la
implementación de reformas tributarias progresivas que graven la riqueza para
así avanzar en una justa redistribución; que indefectiblemente debe expresarse
en el proyecto de presupuesto 2021, asegurando la mayor inversión en políticas
públicas para así cerrar de una buena vez las brechas de la
desigualdad". 

"La
salida es política, no represiva ni punitiva",

cierra el comunicado.

 

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