Mediante el decreto presidencial 426/2022 de “Restricciones a la designación de personal”, el gobierno nacional oficializó la medida que había anunciado Silvina Batakis en su primer discurso como ministra de Economía.

La norma establece que las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional (incluyendo organismos descentralizados, Instituciones de Seguridad Social y otros entes públicos) «no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza», hasta el 31 de diciembre de 2023.

La prohibición comprende a las designaciones a término en las Plantas Transitorias, las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual, y las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos.

Al respecto, Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE, señaló que se trata de una “lamentable medida de ajuste en línea con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que no le hace nada bien al país, mucho menos en el marco de esta crisis económica y social, en la que es necesario fortalecer la intervención del Estado”.

Además, “es un mensaje preocupante, en una dirección de ajuste, que dirigen a los Estados provinciales y municipales”, advirtió.

Por otro lado, Godoy rescató que el decreto contemple “algunas de las principales preocupaciones y reclamos que hemos planteado ante los anuncios de la ministra Batakis”.

Entre ellas, resaltó que garantiza la continuidad del Plan de Regularización del Empleo Público, lanzado en diciembre de 2020, que establece la incorporación de 30.000 trabajadorxs a la planta permanente.

“Al mismo tiempo se garantiza que en el período de vigencia del decreto, si vence algún contrato automáticamente se le dará continuidad al mismo, con lo cual se asegura que no se generaran nuevos despidos”, remarcó.

“En tercer lugar, como factor importante, se establece la excepción para áreas estratégicas o sumamente sensibles como el área de Salud, Parque Nacionales, Manejo del Fuego y en las áreas científico-tecnológicas”, indicó el dirigente gremial.

En paralelo, “Cachorro”  indicó que desde ATE ven “con preocupación y angustia” el freno que significa el decreto para algunos procesos de reincorporación de trabajadores despedidos durante el gobierno de Macri. “Hay procesos pendientes en áreas de suma importancia estratégica como el caso de Fanazul -que está en proceso de reapertura pero que recién incorporó a 50 de los más de 200 cesanteados-, o de Agricultura Familiar y SENASA”.

Otras excepciones

El decreto excluye de la prohibición de designaciones al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; en las universidades; en el Servicio Exterior de la Nación; en el Cuerpo de Guardaparques Nacionales; en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego; en los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción y en el Servicio Penitenciario Federal, y en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido su personal civil.

Asimismo, garantiza «las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos». También está exceptuada «la cobertura de cargos o contrataciones que no puedan postergarse por su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo». En esos casos deberá expedirse la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

Es muy importante que se excluye de la prohibición la cobertura de cargos o contrataciones para el cumplimiento del Cupo de Discapacidad (Ley 22.431) y del Cupo para personas travestis, transexuales y transgénero (Ley 27.636).