De manera intempestiva, el intendente de Corzuela,
Rafael Carrara, convocó a una sesión extraordinaria al Concejo Deliberante de
la localidad. Los ediles tendrán como fin tratar un único punto: el despido de
las trabajadoras afiliadas a ATE Chaco que se encuentran en litigio hace más de
seis meses con la municipalidad.

Esta sesión se llevará adelante en el medio del
proceso judicial entablado, que ya posee dos fallos a favor de las
trabajadoras. Luego de la feria judicial estaba pendiente el pedido de embargo
de los fondos de la municipalidad, debido al repetido desacato del intendente.
De hecho Carrara ha sido declarado en rebeldía por sus incumplimientos ante lo
dictaminado en tribunales.

“Carrara intenta hacer cómplice al Concejo de sus
arbitrariedades, de su violencia de género e institucional, de su desmanejo en
la política y en la economía de Corzuela. Intenta involucrar a los ediles y
desligarse de sus responsabilidades, cuando la Justicia ya lo ha intimado a
reincorporar a las compañeras y a pagar sus sueldos”, expresó el secretario
General de la ATE Chaco, Mario Bustamante. 

“El Concejo, en una sesión convocada entre gallos y
medianoche, va a tratar un caso viciado de irregularidades, sin la intervención
de peritos idóneos, con dictámenes ilegítimos, llevando adelante un proceso que
va en contra de los fallos judiciales y de la normativa vigente. El intendente
intenta claramente quitarse el lazo de una responsabilidad judicial, sabiendo
que no está en regla. Apelamos a la conciencia y al don de gente de los
concejales para que no sean partícipes de una decisión que deje a familias sin
trabajo y sin sustento económico en un momento tan complicado como el que
estamos viviendo”, agregó.