Según un informe elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) en noviembre de 2022, la presión sobre el mercado laboral, que supera a la desocupación, alcanzó al 23,1% de la Población Económica Activa (PEA) mientras la disponibilidad de la fuerza de trabajo fue del 28,7%.
Los datos se desprenden de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INDEC).
Por otra parte, la precarización trepó al 49,2% de la fuerza laboral y casi 8 de cada 10 trabajadores jóvenes tienen inserciones laborales precarias.
En relación a los salarios, los ingresos laborales promedio rondaron los $64.841 mensuales. Al contrastarlos con las canastas básicas surge que el 28,3% de lxs trabajadores son pobres y el 4,8% son indigentes. El 40,8% de lxs trabajadores gana menos que el salario mínimo en su ocupación principal (el 33% en el caso de los varones y 50,8% en el caso de las mujeres).
Los niveles de desempleo y subempleo son superiores para las mujeres, lo cual lleva a que la subutilización laboral para este grupo ascienda al 21,1% (versus el 15,5% para los varones). Lo mismo ocurre con la presión efectiva (24,7% vs. 21,8%, respectivamente) y con la disponibilidad (30% vs. 27,7%, respectivamente). En las y los jóvenes de 18 a 24 años de edad, para quienes la desocupación alcanza el 17,3%, es aún mayor en el caso de las mujeres jóvenes (18,5% vs. 16,5% de los varones jóvenes).
Ingresos
En relación a la política de ingresos, una cuarta parte de la población vive en hogares que reciben transferencias del Estado dirigidas a sectores de bajos ingresos. Sin embargo, el 91% de la población pobre que recibe asistencia vive de su trabajo ya que los subsidios sólo representan el 10,6% del ingreso total familiar.
Los bajos ingresos no se explican exclusivamente por los empleos de tiempo parcial, de hecho, aun ajustando el indicador en función de las horas trabajadas, resulta que más del 30% de lxs trabajadores ganan menos del salario mínimo por hora. Este porcentaje asciende al 45,8% para lxs cuentapropistas y 48,5% para la población asalariada informal.
Como se puede apreciar, el uso precario de la fuerza de trabajo, entendido en sentido amplio, excede a la falta de registro de una parte de la población asalariada. Al incorporar dimensiones como el desempleo, otras modalidades precarias de contratación, o los ingresos inferiores al piso mínimo legal, la precarización trepa al 49,2% de la fuerza laboral. Al focalizar en la población juvenil, los resultados
se vuelven aún más alarmantes: 8 de cada 10 trabajadores jóvenes están precarizadxs.
Los crecientes niveles de precarización contribuyen a explicar que buena parte de la clase trabajadora deba vender su fuerza de trabajo por debajo de su valor. Si se toman como referencia los valores de las canastas básicas utilizadas oficialmente para la medición de la pobreza y la indigencia, surge que 1 de cada 4 trabajadores y trabajadoras (28,3%) son pobres y el 4,8% son indigentes. Resulta claro entonces que obtener un empleo no garantiza per se acceder a un umbral de consumo que asegure condiciones mínimas de reproducción. Incluso para lxs trabajadores que habitan en hogares donde hay más de un ocupado, la pobreza es aún muy elevada (24,4%).
Caracterización del mercado laboral
El análisis sectorial también arroja resultados relevantes para componer una radiografía de la situación del mercado laboral en la actualidad. Al segundo trimestre de 2022, hay cuatro ramas de actividad que concentran la mitad de las ocupaciones: Comercio (19,1%), Industria manufacturera (11,6%), Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales (10,5%) y Construcción (8,9%). Les siguen en importancia otras actividades que en conjunto explican más de un tercio de las ocupaciones:
Administración pública (8,8%), Transporte, almacenamiento y comunicaciones (7,4%), Enseñanza (7,4%), Servicios sociales y de salud (6,9%) y servicios domésticos (6,6%).
Complementariamente, al diferenciar por sector surge que, al tiempo que casi 4 de cada 10 asalariadoxs son informales (37,8% del total), en el sector privado la proporción asciende al 45,3%.
Asimismo, resulta por demás grave que el Estado como empleador también recurra a contratar trabajadores bajo relaciones de dependencia encubiertas: en el sector público, el 13,6% de las y los asalariados no se encuentran registradoxs.
Presupuesto 2023 y salarios de estatales
Respecto de los salarios de lxs trabajadores estatales, año a año a partir del Presupuesto, se realiza una estimación del cierre de cada uno de los rubros y los gastos. Desde el Instituto de Estudios y Participación de ATE (IDEP) realizaron un análisis de este ítem en los presupuestado para 2023 con el objetivo de tener una aproximación a la política salarial del Gobierno.
En relación a la partida destinada a salarios de estatales, aparece una variación nominal del 76% respecto a 2022. Entonces -señala el IDEP- uno diría que si la estimación de la inflación es del 60%, habría un 16% de aumento real. “Pero ¿qué esconde esto?”, plantearon.
Y señalaron que, como en la paritaria de los estatales el aumento es en tramos, y arranca en junio, en realidad no hay una diferencia con la masa salarial de este año. Es decir que no está clara cuál es la política salarial que está prevista porque el hecho de anualizar la masa salarial da un aumento nominal solo del 37% frente una inflación que se prevé del 60%.
“En un contexto en el que hay ajuste y se está planteando una política que está llevando a un enfriamiento de la economía como forma de reducir la inflación, el Presupuesto no deja en claro cuál va a ser la política salarial para el 2023”, explicó Horacio Fernández desde el IDEP.
