ATE

Matías Cremonte, de la Asociación de Abogados Laboralistas y el equipo jurídico del sindicato estatal, asegura que el proyecto es “inconstitucional”

Los delegados y dirigentes de la Asociación Trabajadores del
Estado de la Ciudad de Buenos Aires participan de una charla-debate para
conocer los alcances del proyecto de ley de reforma laboral impulsada por el
Gobierno Nacional y sobre la "Tercer Reforma del Estado". 

En el inicio de la jornada, Matías Cremonte, presidente de
la Asociación de Abogados Laboralistas y director del Departamento Legal de ATE
Nacional, expuso detalladamente los alcances de la iniciativa oficial y los
perjuicios que implica para los empleados públicos y el conjunto de la clase
obrera.

Uno de los puntos
salientes de la exposición fue la explicación sobre el principio de
irrenunciabilidad, según el cual la renuncia a un derecho adquirido, a un
beneficio que esté en el contrato individual de trabajo, por parte de un
trabajador, no se considera válida, partiendo de la premisa de que existe una
relación desigual entre un trabajador y un empresario. Cremonte aseguró que “se
entiende que es una renuncia nula, aunque no le pongan un revolver en la
cabeza, la sola situación de desigualdad hace presuponer que está coaccionado
para renunciar a su derecho. Hoy esto no está permitido, y la reforma lo
habilitaría”.

Otro de los ítems sobre los cuales se extendieron las preguntas
de los participantes, fueron las indemnizaciones, que el proyecto oficial
reduce al modificar la forma de calcularlas.

Del evento, que se realiza en el Hotel Héctor Quagliaro del
gremio, en el barrio porteño de Once, participa gran parte del secretariado nacional
del Consejo Directivo de ATE: Eduardo De Gennaro (Administrativo), Mario Muñoz
(Gremial), Gladys Sosa (Finanzas), Silvia León (Organización) y otros
dirigentes del CDN como Pablo Spataro (moderador de la jornada), Natalia Castesana, Héctor "Pelusa" Carrica (Departamento de Derechos Humanos), y Darío Orellano, entre otros.   

Sobre los beneficios explícitos y directos que representa la
reforma para el sector empresarial, el abogado de ATE resaltó “una condonación
de deudas, disfrazada de un proyecto de registración laboral, un blanqueo;
se  eliminan todas las multas que tengan
los empresarios por tener empleo en negro y se reducen las contribuciones
patronales. Esa es la gran política para buscar empleo y para registrar
trabajadores informales. En ambos casos lo que implica es una transferencia de
lo que hoy es salario directo o indirecto e indemnización, y pasa a ser
rentabilidad, pero sobre todo pasa a desfinanciar el sistema de seguridad
social”.

Otros de los temas analizados durante el día son los
impactos que este tipo de reformas genera en la región, y la “tercer reforma
del Estado”, sobre la cual exponen Flavio Vergara, delegado Paritario de ATE
Nacional, y Mariana Amartino, abogada del equipo jurídico del sindicato
. Se debate
sobre empleados nacionales en la coyuntura; presentismo y productividad; dotación optima del personal; jubilaciones,
retiros y despidos; resistencia y organización, entre otros.

La reforma laboral macrista establece que el Estado
subvencionará una parte importante de lo que es la contribución patronal en los
salarios de hasta 12 mil pesos.

“en la medida que se reducen las indemnizaciones y se
permite la creación de un fondo de
desempleo
para cuando lo despidan sin causa, con lo cual es despido no
tendrá costo, lo que va a generar es despido de trabajadores con más
antigüedad, con más beneficios, con salarios más altos y va a impulsar el
ingreso de trabajadores con sueldos menores a 12 mil pesos, para dar un costo
mucho más bajo a los empresarios” (Matías Cremonte)

Ante consultas sobre estrategias para rechazar con
argumentos legales y jurídicos el proyecto de la Casa Rosada, Cremonte fue
contundente: “la reforma nace
inconstitucional, no solo porque cada una de las cuestiones que se van a
reformar ya hoy contradicen el Artículo 14 bis y otras cuestiones de la Constitución,
sino que hay un principio que está en Pacto de San José de Costa Rica y otros
tratados internacionales que son parte de la Constitución, que es el principio
de “irregresividad”, por el que un Estado que avanza en reconocer algún tipo de
derecho, no puede después retroceder”. 

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