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Varias veces autoridades del gobierno provincial, junto a integrantes de la CELO perfeccionaron una serie de maniobras, para poner a la entidad bajo el completo control del oficialismo provincial.

Tuvo lugar una audiencia judicial en el marco de la demanda presentada por Pedro Helge Anderson y Jorge «Koki» Duarte -autoridades legítimas de la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá (CELO)- por la nulidad de su desplazamiento al frente de la entidad. A partir de la misma la causa se abre a prueba y posteriormente el Juzgado deberá decidir sobre la validez o nulidad de las acciones con las que se nombraron nuevas autoridades en junio de 2022.

Durante varios meses de 2022, autoridades del gobierno provincial junto a integrantes de la CELO perfeccionaron una serie de maniobras para poner a la entidad, presidida entonces por Pedro Helge Andersson junto a Jorge Gabriel Duarte, bajo el completo control del oficialismo provincial. Una de esas maniobras fue el desplazamiento de autoridades decidido en una reunión del Consejo de Administración que se celebró el 8 de junio de 2022. Avalada por el Ministerio de Acción Cooperativa de la provincia, dicha reunión, convocada y celebrada contra las norma estatutarias, nombró nuevas autoridades al frente de la CELO e inició una gestión cuyo principal objetivo es el pago de una deuda usuraria a Energía de Misiones Sociedad Anónima (EMSA) a costa de los intereses de las y los asociados y trabajadores de la entidad.

A raíz de esa situación, Andersson y Duarte iniciaron una Acción de Nulidad que tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 3 de Oberá caratulada «Andersson Pedro Helge y Otro c/ CELO Acción de Nulidad (70952/2022)», en la que plantean la impugnación del acta de la reunión de fecha 08 de junio de 2022 así como la nulidad de la convocatoria, celebración y decisión tomada en ella por apartarse de las normas estatutarias, violentando los derechos de los afectados por esas decisiones y los intereses de la CELO.

Además de los perjuicios sufridos por las autoridades desplazadas, en la causa se plantea la inexistencia de acefalía y falta de causal de redistribución de cargos. La reunión fue convocada y celebrada por algunos miembros de la entidad sin cumplir los requisitos para la convocatoria y realización de la misma, y allí se decidió efectuar una redistribución de cargos para la cual no había razones. En ausencia de Anderson y Duarte se argumentó como causal de su desplazamiento la denuncia sin pruebas realizada por la ministra de Acción Cooperativa, Liliana Mabel Rodríguez. Sin embargo, tal denuncia no ha tenido hasta ahora ninguna definición judicial.

En la audiencia realizada este martes 12 el juzgado emplazó por 20 días a la actual conducción de la CELO a presentar los libros de actas de los períodos 2021 y 2022, de donde deberían surgir las posibles causas, acuerdos y /o solicitudes de los socios para el acto por el que destituyeron a Andersson y Duarte, además de informar sobre su propia actuación a partir del recambio de autoridades. Tras el período de apertura a pruebas el Juzgado deberá resolver sobre la validez o nulidad del acto de destitución, y en ese caso, deberá proceder a la restitución de Andersson y Duarte a sus respectivos cargos.

La denuncia penal efectuada por la ministra de Acción Cooperativa se basó en la existencia de una deuda reclamada a través de una acción civil por EMSA – proveedora de energía eléctrica de la CELO- situación en la cual se encontraban todas las cooperativas eléctricas de la provincia tras la pandemia. Sin embargo en este caso, EMSA rechazó de plano el acuerdo ofrecido por las autoridades de la CELO, se negó a realizar una quita de intereses y cargos y solicitó el embargo de las cajas de la Cooperativa. Si bien se trata de una cuestión civil, la Ministra decidió pasar a la acción penal a pesar de la inexistencia de delitos en el caso.

Por otra parte, es de destacar que EMSA se encontraba en una situación de aún mayor endeudamiento ante CAMESA, empresa proveedora de energía a nivel nacional, y a la espera de quita de cargos por subsidios del Estado nacional, posibilidad que le negó a la CELO.

A partir de esas denuncias y el desplazamiento de autoridades, el oficialismo pasó a tener el control de la CELO y procedió a gestionar la cooperativa en función del pago de la deuda en los términos impuestos por EMSA, en desmedro de los intereses de lxs asociadxs y de lxs trabajadores de la Cooperativa, que actualmente atraviesa una delicada situación financiera.

Prensa ATE Misiones

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