La ATE- Mendoza repudió
el comunicado de prensa emitido por el intendente de la Municipalidad de la
Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez. ATE consideró “falaz, tendencioso y que
falta a la verdad”, lo vertido por Suárez en el mismo.
En su respuesta el CDP
señaló que “rechazamos este intento de judicializar un legítimo reclamo que
llevan adelante los trabajadores Municipales de Capital, con medidas de fuerza
debidamente comunicadas en todas las instancias y que hacen uso pleno de sus
derechos, como lo es la retención del débito laboral. Vale aclarar que dicha
retención implica la permanencia pacífica de los trabajadores en sus distintos
lugares de trabajo”.
Las medidas de acción
directa fueron oportunamente comunicadas al Ministerio de Trabajo de la Nación,
a la Subsecretaría de Trabajo de la provincia y al propio municipio. También se
subraya que las mismas se hicieron dentro del respeto por la normativa que
regula la pandemia, desde nuestro gremio presentamos un Protocolo de Medidas de
Bioseguridad COVID 19, que seguimos en cada medida gremial que realizamos,
cuidando el distanciamiento social y utilizando los elementos de higienización
pertinentes.
Asimismo ATE denunció haber
sufrido represión por parte de la Policía de Mendoza. “Tras la marcha nos
encontramos con compañera golpeados y compañeras heridas por forcejeos y gases
lacrimógenos recibidos”. ATE denunció que esa respuesta policial se dio en el
marco del desalojado en el predio de la UCIM, expulsando a los trabajadores y
dejándolos fuera de su propio lugar de trabajo.
Sobre esto aclara el
CDP “en ningún momento se impidió el ingreso y egreso de vehículos, como de
trabajadores. En todo momento, la medida de fuerza convocada fue optativa para
los compañeros, donde la mayoría de ellos quisieron adherir y la minoría que no
quiso, quedó en total libertad de ingresar y cumplir con sus tares laborales”.
Asimismo denunció que durante
el nuevo intento de represión sufrido en la madrugada del sábado 27 de junio se
procedió nuevamente a reprimir a los trabajadores y expulsarlos de su lugar de
trabajo. “Estos lamentables hechos represivos fueron denunciados en la Comisión
de Derechos y Garantías de la Legislatura Provincial. Denuncias que también
fueron presentadas por nuestro Consejo Directivo Nacional en el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina”, agrega.
Para ATE “violencia es
tener trabajadores con salarios de hambre, cuyo básico ronda los $10.000 y no
alcanza para cubrir los costos de la canasta básica alimentaria”, “violencia es
no convocar al diálogo y reprimir a los trabajadores, que reclaman en su pleno
derecho por un salario digno, avasallando derechos individuales, colectivos y
constitucionales de los mismos”.
El gremio ratificó la
convocatoria a una nueva jornada de lucha para este jueves 2 de julio, que
encontrará movilizados en las calles a trabajadores de todos los sectores que
representamos (Salud y Desarrollo Social, Administración Central, Educación y
Municipales).