Los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano se movilizaron hasta la casa de Gobierno pidiendo la intervención del gobernador por la constante persecución que se ejerce contra ellos y su reclamo. El titular del CDP correntino, Feliciano Romero, señaló que este acto de violencia contra los trabajadores “no es exclusivo de un sector sino que también venimos recibiendo denuncias de compañeros del Registro civil, en el Invico, en el IPS, en Rentas de la Provincia".

Para Romero el fin de las persecuciones debe salir desde el mismo poder del estado. “Ellos ejecutan esta modalidad porque su manera de proceder es avalada por el poder político. No son acciones aisladas de uno u otro funcionario”, dijo.

Según ATE existen contradicciones entre lo que se dic en público y lo que se ejecuta. Y aquí Romero hace eje en el propio secretario de gobierno que dice que desde el gobierno nadie autoriza las persecuciones pero un subalterno suyo la practica en su propio ministerio.  

Esta situación se genera por los reclamos que ATE realiza tanto en sectores que dependen del gobierno correntino como en organismos descentralizados. El gremio entiende que para generar una recuperación del salario estatal el aumento para el segundo semestre del año debería redondear el 25%.      

Paralelamente el CDP volvió a pedir una aplicación global en la Ley 6033 de Convenios Colectivos de Trabajo para los estatales y a no sólo para reformular la situación salarial sino también la situación laboral de  y condiciones de trabajo de los compañeros.  Es en ese sentido que ATE pidió una respuesta para los más de 11.000 precarizados que hay en el estado y cuyos salarios apenas superan los 1.000 pesos mensuales.

Por ejemplo Cultura se trata de un ente de carácter autárquico, se aclara perfectamente en la Ley 6027, al que le asigna un presupuesto propio y los recursos que surgen del alquiler del anfiteatro Cocomarola, del teatro Vera, de la comercialización de las transmisiones radiales o televisivas de los eventos y la venta de publicaciones, entre otras fuentes. El presupuesto de 2012 ya fue asignado en la Ley aprobada el año pasado, por lo que el Instituto cuenta con los fondos para su funcionamiento como tal. Pero no se cumple.

Pasa lo mismo en el INVICO, donde a la recomposición salarial, agregan el blanqueo del personal en negro y personal precarizado de la administración pública, y la puesta en marcha del Convenio Colectivo de Trabajo.

Prensa ATE/ 31-08-2012