La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y su Centro Nacional de Jubiladxs y Pensionadxs (CNJP) rechazan el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el Poder Ejecutivo Nacional que da continuidad a una política de los gobiernos dirigida a apropiarse y vaciar progresivamente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para fines distintos a los asignados por el Decreto 897/2007.
El FGS está integrado por los aportes efectuados por los trabajadores activos durante la vigencia del sistema de capitalización y que fueron transferidos al ANSES en el año 2008 al estatizarse el sistema privado de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Estos fondos anticrisis son propiedad del colectivo de las y los trabajadores aportantes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional en su conjunto.
Ahora se dispone en virtud del DNU 164/23 con la finalidad de cumplir con el acuerdo con el FMI, disminuir el déficit fiscal, fortalecer el financiamiento del Estado, la entrega de los títulos públicos nacionales pagaderos en dólares estadounidenses en poder del FGS y su canje por títulos públicos pagaderos en pesos del tesoro nacional. Con este reciente DNU estos fondos anticrisis están siendo afectados para afrontar la crisis financiera, provocada por los mercados y ajena a las y los trabajadores.
ATE y el CNJP denuncian esta medida inconsulta e ilegal que compromete el FGS y lleva a la destrucción del mismo, poniendo en riesgo todo el sistema previsional actual y futuro. Es por ello que el sindicato y su CNJP llaman a todas las trabajadoras y todos los trabajadores activos y jubilados a defender el FGS de la ANSES y reclaman al Gobierno que revoque en forma inmediata esta medida en cuanto perjudica a las y los trabajadores activos y jubilados y vulnera expresos derechos constitucionales vinculados al carácter integral de los beneficios de la seguridad social, la inviolabilidad de la propiedad, la movilidad de las jubilaciones y pensiones, y la tutela preferencial que tienen las personas mayores como parte de un colectivo vulnerable por razones de edad y salud.
