ATE

Entre otras irregularidades, dispone que de no completarse en el plazo establecido, se sancionará a los trabajadores reteniendo el sueldo.

El Gobierno de la provincia de chubut dispuso realizar un
censo para trabajadores/as de la administración pública dependientes del Poder
Ejecutivo Provincial. ATE denuncia que el procedimiento es
"extorsivo" e inconstitucional, ya que establece la facultad de sancionar
al trabajador -mediante el no pago de sus haberes y la baja de la planta- si
este no completara los formularios, o estos fueran realizados parcialmente o
completados en forma tal que no estén ajustados a la situación actual y real
del trabajador.

Además, señalan que muchos trabajadores/as del interior no
tienen acceso a internet para poder cumplir el llenado online del formulario,
que tiene plazo perentorio. Asimismo, que el sistema presenta fallas reiteradas
(caída del sistema, error, etc.) y que no otorga comprobante una vez completado
el procedimiento.

"El Gobernador plantea una política encubierta de
seguir estigmatizando al personal, proponiendo en forma permanente el control
del mismo, bajo distintas propuestas como el dto 1338/17, en donde se dispone
que cada ministro y autoridades de cada una de las reparticiones presenten un
informe con opinión del trabajo realizado por sus dependientes y realice una
lista de quienes son los prescindibles", explica ATE Chubut en un
comunicado de prensa en el cual plantea su posición respecto al falso censo.

En ese sentido, agregan: "Opinamos que el decreto se
enmarca en lo que el Ministro de Coordinación de Gabinete llama la re
funcionalización del Estado, que no es otra cosa que lo que se llamó en la
década del 90, la modernización del Estado, circunstancias que ocasionaron
innumerables consecuencias graves para la clase trabajadora, como, por ejemplo:
congelamiento de paritarias y salarios, despidos, cierre de reparticiones,
trabajo precarizado, achique en los servicios públicos, etc".

"Si el trabajador ha cumplido con la prestación de
servicios nos reservamos el derecho de denunciar y accionar civil y penalmente
contra los funcionarios y su patrimonio personal, si ordenan el no pago de
haberes, o el descuento de sueldo total o parcialmente, o la retención del
mismo habiendo sido éste ya liquidado, aduciendo cualquier pretexto ajeno al
débito laboral", advierten desde el gremio y, además, expresan:
"Esperamos de las actuales autoridades que valoren el trabajo de los
empleados públicos, que inviertan en mejores salarios, en trabajo blanqueado
con estabilidad, que hagan la previsión para capacitar al personal, que se
retome la instancia paritaria y que mejore las condiciones laborales de los
mismos".

 

A continuación, el
comunicado completo:

En virtud del Dto. N 44 del presente año, por el cual el
Gobierno Provincial, dispuso un censo para trabajadores de la administración
pública dependientes del Poder Ejecutivo Pcial, y el cual es operativizado vía
online, la Asociación Trabajadores del Estado (A.T.E.) de Chubut dice:

Que dicho instrumento legal es extorsivo por cuanto
establece la facultad de sancionar al trabajador si este no completara los
formularios, o estos fueran realizados parcialmente o completados en forma tal
que no estén ajustados a la situación actual y real del trabajador.

Que tal norma es inconstitucional por violar las garantías
del debido proceso administrativo, en cuanto dispone la sanción ante la
posibilidad del incumplimiento sin dar posibilidad a la defensa previa y/o
descargo del trabajador.

Que el mencionado dto. resulta un ataque a la constitución
nacional en cuanto prevé castigar al trabajador dos veces por la misma falta,
mediante el no pago de sus haberes y la baja de la planta de personal.

Que la orden dispuesta por las autoridades de gobierno
resulta improcedente en cuanto esta establece plazo perentorio de llenado de
formularios vía online, sin tener en cuenta la realidad que viven y padecen
nuestros trabajadores en el interior de nuestra provincia. Sin servicios
básicos como agua y luz, pretenden imponer que los mismos cumplan con una orden
que en muchos casos sería de imposible cumplimiento, porque no existe la señal
de internet o wifi en la localidad donde viven y/o trabajan, y en otros casos
los trabajadores no cuentan con los recursos necesarios para disponer de una pc
y/o internet pago en su domicilio real.

Que el Gobierno no tuvo en cuenta que casi la totalidad del
sector que presta servicios en el ámbito educativo (docentes y auxiliares) se
encuentra de vacaciones y que el resto de la administración también esta
usufructuando su licencia anual por vacaciones, período en el cual el
trabajador se desconecta de la actividad laboral y en muchos casos tomando
distancia geográficamente, perdiendo contacto con su sector de trabajo, lo cual
hace imposible que este en conocimiento de su obligación e incluso que sea
notificado fehacientemente acerca de la misma. Por otra parte, quien se
encuentra de licencia no está obligado a cumplir con órdenes de sus superiores
porque comprobada y justificadamente no se encuentra prestando servicios.

Que no tiene en cuenta la barrera tecnológica y el nivel de
formación de miles de trabajadores, que solo han podido culminar estudios
primarios por su baja condición social. Prejuzgan quienes gobiernan que el
empleado público promedio realiza labores administrativas y tiene estudios
secundarios o incluso terciarios, cuando en la realidad, en cientos de escuelas
tenemos trabajadores que prestan funciones aferrados a una escoba, secador y
trapo de piso, en forma diaria y lo mismo ocurre en hospitales y centros de
salud.

Que en los últimos tiempos se ha “contratado” a miles de
trabajadores bajo las figuras de contratos de locación de obra, de servicios,
monotributistas, becas, planes, programas, etc. sin concurso previo, sin
estabilidad laboral, con sueldos notoriamente inferiores al personal de planta,
sin formación ni capacitación y que ahora pretenden despedirlos utilizando el
decreto 1338/17, o el auto relevamiento, sabiendo de antemano que muchos no
podrán cumplir con lo que se les pide, porque justamente en el caso de este
núcleo de trabajadores resulta de imposible cumplimiento la carga de la
información solicitada.

Que el decreto avasalla la privacidad del trabajador en
cuanto solicita el número de celular particular y obliga al trabajador a dar
dicha información desconociendo quien la recepta del otro lado en forma
anónima. El gobierno pretende contar con todos los datos laborales y hasta los
personales, pero sin poner una cara visible y responsable del otro lado de la
pseudocomunicación, para tranquilidad de los mismos, y para que la información
no sea utilizada con otros propósitos por quien la recepta.-

Que resulta descabellado se solicite al trabajador el
llenado de un formulario en donde diga que hace, dónde y cuánto cobra, a los
fines de poder seguir percibiendo sus haberes y para evitar su baja, siendo que
el trabajador tiene el derecho a cobrar su sueldo (como cualquier trabajador
del sector privado o autónomo) una vez prestado sus servicios. El salario es la
contraprestación por los servicios brindados, y de ningún modo estos pueden ser
retenidos. Los funcionarios que dispongan el no pago de haberes o la retención
de los mismos habiendo sido ya liquidado serán responsables por el perjuicio
ocasionado con el patrimonio propio.

Que la norma aludida no brinda ninguna utilidad práctica
pues la información en los tiempos actuales es muy dinámica, no resulta creíble
que luego de completado los formularios por más de 40.000 trabajadores, los
datos acumulados sean leídos, la información descargada, procesada y analizada.
Finalmente, verificada por las oficinas de personal sectoriales, que el mismo
decreto excluye (su colaboración directa), pues da un numero de consulta de una
central de personal como única autoridad legitimada para la evacuación de las
dudas e interrogantes de los trabajadores públicos.

Que el Gobernador plantea una política encubierta de seguir
estigmatizando al personal, proponiendo en forma permanente el control del
mismo, bajo distintas propuestas como el dto 1338/17 en donde se dispone que
cada ministro y autoridades de cada una de las reparticiones presenten un
informe con opinión del trabajo realizado por sus dependientes y realice una
lista de quienes son los prescindibles).

Opinamos que el dto. se enmarca en lo que el Ministro de
Coordinación de Gabinete llama la re funcionalización del Estado, que no es
otra cosa que lo que se llamó en la década del 90, la modernización del Estado,
circunstancias que ocasionaron innumerables consecuencias graves para la clase
trabajadora, como, por ejemplo: congelamiento de paritarias y salarios,
despidos, cierre de reparticiones, trabajo precarizado, achique en los
servicios públicos, etc.

La privatización del contralor médico y el mal denominado
censo se encuadra en una política ofensiva y agresiva hacia quien trabaja, en
una clara concepción del Estado autoritaria, que prioriza la imposición, la
amenaza, y el castigo en vez de apostar al diálogo, al debate y a los consensos
que resultan necesarios para mejorar nuestra democracia formal.

Consideramos que el gobierno obliga a un auto relevamiento
que funciona como una declaración jurada virtual, lejos de ser un censo y
también de ser una encuesta (la legislación vigente establece claramente los
requisitos para que una encuesta pueda ser considerada técnicamente un censo, y
toda encuesta siempre es voluntaria).

Dejamos asentado que el sistema tiene serias falencias en el
momento de intentar cargar los datos solicitados, informando de error, “caída
del sistema”, etc.; y asimismo no brinda comprobante una vez cargada la
información solicitada. Lo mencionado en este documento es meramente
enunciativo y no intentamos mencionar todos los errores observados ya que la
lista resulta interminable.

Esperamos de las actuales autoridades que valoren el trabajo
de los empleados públicos, que inviertan en mejores salarios, en trabajo
blanqueado con estabilidad, que hagan la previsión para capacitar al personal,
que se retome la instancia paritaria y que mejore las condiciones laborales de
los mismos.

Por último, afirmamos que la administración pública cuenta
con trabajadores idóneos y con amplia experiencia en las oficinas de personal y
sueldos para realizar un verdadero censo con todas las letras a los fines de
poder contar con información relevante para un mejor funcionamiento del Estado,
si éste fuera realmente el verdadero interés de los funcionarios impulsores de
esta iniciativa a la que consideramos improvisada y destinada al fracaso por
los motivos expuestos ut supra.

Si el trabajador ha cumplido con la prestación de servicios
nos reservamos el derecho de denunciar y accionar civil y penalmente contra los
funcionarios y su patrimonio personal, si ordenan el no pago de haberes, o el
descuento de sueldo total o parcialmente, o la retención del mismo habiendo
sido éste ya liquidado, aduciendo cualquier pretexto ajeno al débito laboral.

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