Como cada 25, a 5 años del asesinato del jóven mapuche, Rafael Nahuel Yem en un operativo represivo del Grupo Albatros de Prefectura, se realizó una manifestación para reclamar Justicia frente al monumento al genocida Julio Roca, en Perú y Diagonal Sur, CABA. ATE acompañó la medida encabezan organizaciones de Pueblos Originarios y territoriales .
Durante la jornada también se pidió por la libertad de las cuatro lamngen presas, tras el desalojo en la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi.
El acto inició con una ceremonia de armonización guiada por compañerxs de organizaciones de Pueblos Originarios. «Creemos que nuestra filosofía milenaria es una alternativa para la humanidad. Si la sociedad se pensara como parte de esta Pacha no tendríamos los problemas que tenemos», expresaron.
«Hoy 25 de noviembre, nos encontramos una vez más frente al monumento del genocida Roca, junto a otras organizaciones y artistas solidarios, denunciando la impunidad y exigiendo justicia a 5 años del asesinato de Rafael Nahuel por defender su territorio», expresó durante la actividad María José, directora del Departamento de Derechos de los Pueblos de ATE Nacional.
«Cinco años de impunidad que se dan frente a un nuevo atropello a la Comunidad Winkul Mapu, al ser desalojada violentamente y reprimida por el comando unificado, los primeros días de octubre, violentando todos sus derechos y privando de su libertad y criminalizando a hermanas mapuche, hoy presas politicas», agregó. Y expresó: «Nos sumamos en un solo puño en la exigencia de justicia por Rafa Nahuel, por la libertad de las hermanas mapuche y la devolución de su rewe, basta de estigmatizar y criminalizar al pueblo mapuche!».
En el acto también estuvo Eduardo Soares, de la Gremial de Abodxs, querellante en la causa por el homicidio de Rafael. «El derecho no resuelve estas cosas», dijo al abrir su intervención, en relación al carácter estructural de la persecución al pueblo mapuche. Además, recordó aquel 25 de noviembre de 2017, Rafa no estaba solo, sino que estaba con otros tres jóvenes. El grupo fue perseguido y se pudo probar que recibieron más de 300 balazos. Como saldo, Rafael fue asesinado, otros dos compañerxs fueron heridos por la espalda y están enjuiciados, y Lautaro González Curruinca, está prófugo y es perseguido por el Estado.
El abogado señaló que la persecución que sufrieron ellxs durante el gobierno de Macri y la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, es la misma que sufrieron las mujeres presas de Winkul Mapu con este Gobierno.
