El miércoles 5 de junio se realizó esta actividad impulsada
por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), organización hermana
de ATE en Chile y miembro de la CLATE, con el objetivo de analizar el impacto
de las nuevas formas de trabajo en la región en el marco de la pandemia y el avance
de las nuevas tecnologías.

Participaron del encuentro representantes de diferentes
organizaciones sindicales y del mundo del trabajo como Julio Fuentes (Presidente
de la CLATE y miembro de la Conducción Nacional de ATE), José Pérez Debelli (Presidente
de la ANEF), Nayareth Quevedo (ISP regional Cono Sur) y Fabio Bertranou (Director
OIT para el Cono Sur), entre otros. También formaron parte de los paneles
académicos, instituciones y abogados laboralistas.

El presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, dio inicio al
panel agradeciendo la participación y destacando la necesidad de discutir estas
nuevas modalidades y el impacto que generan como también la importancia y el
rol de los servidores públicos en el marco de la pandemia. En el caso de Chile
el dirigente manifestó: “En esta pandemia, el sello ideológico de este Gobierno
ha sido privilegiar el aspecto economicista por sobre la vida y salud de la
ciudadanía”, y remarcó la importancia del rol del Estado, no como un
subsidiario sino como un garante de derechos.

Julio Fuentes, Presidente de la CLATE y miembro de la Conducción
Nacional de ATE, abordó el problema del teletrabajo y tomó como ejemplo la ley
recientemente sancionada en la República Argentina. “Son leyes que quedan en
letra muerta, porque no hay quien garantice su cumplimiento, nuestro problema
en América Latina es el incumplimiento de la legislación”, manifestó Fuentes, y
remarcó la enorme responsabilidad de las y los dirigentes frente a la nueva
modalidad debido a su carácter alienante, que “confina a un trabajador o
trabajadora a cuatro paredes, separándolo de sus compañeros”, y enfatizó que “cuando
hay aislamiento, no hay libertad sindical”.

A su vez, definió al teletrabajo como “meter al patrón
dentro de la casa”, y transmitió que el mismo “favorece la precarización
laboral, hace invisible el acoso laboral, no reconoce el trabajo extra jornada,
ignora el estado de salud del trabajador, aumenta el estrés, limita la
cobertura de salud del trabajo, traslada los gastos que tienen el empleador de
alquiler manteniendo al trabajador, y las más afectadas con la sobrecarga
laboral son las trabajadoras”.

Por su parte, el Director OIT para el Cono Sur, Fabio
Bertranou, advirtió que se trata de una crisis de dimensiones históricas con un
colapso enorme en la caída global de las tasas de empleo regionales. Mostró
preocupación por la situación del trabajo decente, y categorizó a la pandemia
como un acelerador de la llegada del futuro del trabajo, el cual hizo más
visible la exclusión de determinados sectores, producto en parte, de la falta
de inversión de los gobiernos en materia de Salud y la seguridad en el ámbito
laboral.

Indicó la centralidad del rol del Estado en el momento
histórico, y que debe desarrollar una inversión pública estratégica en Educación,
Salud y Seguridad para el Trabajo, en infraestructura de Internet y capacidades
tecnológicas, haciendo una incorporación inteligente de las tecnologías, al
tiempo que se reduzca la brecha digital.

También consignó como fundamental el rol del diálogo social:
“Las soluciones deben darse mediante el diálogo social e invirtiendo en
fortalecer la representación, sobre todo de trabajadores, que es la más débil,
en el mundo del trabajo. La seguridad y Salud solo son efectivas en el marco
del diálogo social”.

Por su parte Nayareth Quevedo, de la ISP regional del Cono
Sur, manifestó que la digitalización destruye el empleo a partir de la
robotización, como aquellos relacionados con la tramitación, tareas
administrativas o de vigilancia, las cuáles pueden ser reemplazadas por “bots”
que las realizan de forma automática, deshumanizando así el contacto. A su vez,
reveló que siete de cada diez trabajadores públicos comparte su espacio laboral
con otros miembros de la casa, sus dormitorios y cocinas y comedores en espacio
de trabajo, generando así una difusión entre la vida laboral y familiar.

Expuso la preocupación por la falta de regulaciones frente
al uso de nuevas tecnologías, la invasión a de los datos de las y los
trabajadores por medios de mecanismos de control y la profundización de la
brecha de género: “Siete de cada diez mujeres del empleo público tienen más
carga laboral en el marco del trabajo remoto”. Destacó también que son los
sindicatos de la administración pública los que se vienen anticipando a estas
situaciones.