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“Hasta el momento no obtuvimos respuesta, evidenciando el ninguneo y la falta de respeto por las y los trabajadores que impone el Gobierno de Javier Milei en la Administración Pública”, explica la delegada de ATE, Verónica Soto.

Durante la pasada Semana Santa, en medio de los feriados, 31 trabajadoras y trabajadores de la delegación cordobesa del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (IAFCI) fueron desconectados del sistema informático de la Administración Pública, sin anuncios formales ni notificaciones fehacientes, dejando a la intemperie a esta masa de compañeros y compañeras que cumplían funciones en el sector, algunos con más de 20 años de antigüedad.

Son 31 de un total de 36 integrantes de la dotación en Córdoba de un organismo que desde hace tres décadas acompañan a las familias campesinas y pueblos originarios en la elaboración de alimentos sanos para el pueblo. “Nuestro trabajo se relaciona con proyectos productivos. Pero el abordaje es integral y se asesora sobre cuestiones de alimentación, género, de acceso de herramientas y medios para la subsistencia en los territorios campesinos para generar arraigo y permanencia de los jóvenes en los territorios más alejados”, explica la delegada de ATE Córdoba, Verónica Soto, despedida de manera ilegal a pesar de contar con la tutela gremial protectoria contra las arbitrariedades del Estado patrón.

Y denuncia que “A partir del cambio de gobierno, nunca tuvimos designada autoridad que se haga presente en la delegación del organismo en Córdoba ni a nivel nacional. Desde diciembre estábamos poniendo nuestra voluntad y recursos para dar continuidad a las políticas en marcha. Por eso denunciamos que venimos sufriendo la vulneración de nuestros derechos, incluso se despidieron compañeras y compañeros con tutela gremial, con tratamientos médicos prolongados, incluso recién el 18 de abril se depositó el salario mes de marzo”.

La delegada señala que “la respuesta fue por vía gremial, a través de la movilización y la visibilización del conflicto,  y judicial, con el asesoramiento del equipo jurídico de nuestro CDP y vía recurso de amparo presentado por ATE a nivel nacional”.

“Después del 31 de marzo se designó una intervención del Instituto, a quien solicitamos audiencia para generar un espacio de diálogo y darle a conocer nuestra situación laboral y los proyectos que desarrollamos para estimular la producción de alimentos sanos y en armonía con el medio ambiente. Hasta el momento no obtuvimos respuesta, evidenciando el ninguneo y la falta de respeto por las y los trabajadores que impone el Gobierno de Javier Milei en la Administración Pública”, concluye Soto.

No se trata solo de la situación de las y los trabajadores, sino también del abandono impune de cientos de productores que suministran alimentos de calidad para la mesa de las familias argentinas. La falta de continuidad de las políticas y de los organismos que las ejecutan supone un riesgo real para la calidad de la alimentación de las familias en la Provincia.

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