Con la presencia de dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba, junto a organismos de Derechos Humanos (DDHH) y víctimas de la última dictadura cívico-militar ocurrida entre 1976-1983, se inició en Tribunales Federales un nuevo juicio contra 20 ex militares y ex policías acusados por 72 hechos de terrorismo de Estado en Río Cuarto y el sur provincial.

Entre las víctimas se encuentra Juan Carlos Giuliani, padre del Secretario General y de la secretaria de Prensa de ATE Córdoba, Federico y Julia Giuliani. Se trata de un periodista, dirigente sindical y referente de la CTAA, que pasó como preso político largos años en las mazmorras de la dictadura y logró su libertad con el regreso de la democracia, tras ser detenido en 1975.

En ese marco, Julia Giuliani estuvo en la audiencia, destacando así el apoyo de nuestra organización sindical a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, ocupando un rol clave en la larga lucha desde el Movimiento Obrero Organizado para alcanzar justicia.

En tal sentido, Giuliani afirmó que el juicio “es una causa sumamente importante en un contexto nacional de negacionismo, de negar los 30.000, de negar el terrorismo de Estado. Nos parece un hecho clave en donde se busca traer justicia a 50 años de hechos de terrorismo de Estado, en el sur de nuestra provincia, con Río Cuarto como el epicentro, en donde van a estar presentes hoy acá parte de los imputados”.

La dirigente mencionó también el rol de ATE por “la importancia del acompañamiento en este tipo de causas, defendiendo los derechos humanos, defendiendo la memoria histórica, exigiendo memoria, justicia y verdad”.

Vale señalar que en el marco de la causa Río Cuarto es el primer municipio constituido como querellante en una causa de Lesa Humanidad en el país. Hace seis años que fue aceptada en ese rol la Comisión Municipal de la Memoria, integrada por el Observatorio de Derechos Humanos de la universidad, el Concejo Deliberante, la CGT, la CTA, los organismos de derechos humanos y el Estado municipal.

También tuvo un rol destacado la Universidad Nacional de Río Cuarto, que abrió sus archivos para buscar pruebas para el expediente. Se trata de la llamada Causa Hermes Gutiérrez (por el exjefe del Batallón de Holmberg, ya fallecido), que ahora se denomina Di Santo, Daniel y otros, y que acumula los expedientes Alsina y Barreiro por hechos de privación ilegal de la libertad, tortura agravada y hasta violación presuntamente cometidos entre 1975 y 1978.

Los imputados son: Ernesto Barreiro, Carlos Díaz, Enrique Mones Ruiz, Carlos Yanicelli, Juan Molina, Ricardo Lardone, José Luis Yañez, Adolfo Etchehun, Carlos Quevedo, Daniel Di Santo, Juan Carlos Nieto, Roberto González Fossat, Rubén Príncipi, Ramón Navarro, Arnoldo López, Carlos Pérez, Miguel Pérez, Juan Vega, Carlos Regueira y Miguel Ángel Salinas. Todos se abstuvieron de declarar. Ocho de los acusados nunca habían sido juzgados por su participación en el aparato represivo. A Di Santo se le imputa tormentos agravados seguidos de muerte, en perjuicio de Ernesto Silber. Es el único caso con esa calificación.