El Gobierno
autorizó la cobertura de 7.500 cargos vacantes del Sistema Nacional de Empleo
Público (SINEP) que actualmente están bajo el régimen de planta transitoria o
con contratos.

No sólo se
trata de una medida de corto alcance, sino también que puede resultar injusta
para aquellos que deben concursar puestos que ocupan en la actualidad. “A una
persona que trabaja en un museo, por ejemplo, hace 15 años no le pueden decir
ahora que tiene que hacer un concurso para entrar. Ese ya es un trabajador y
como tal tiene el derecho constitucional a un trabajo digno y estable”, explicó
Fuentes.

Es por ello
que el Secretario General de ATE reclamó “una norma de excepción, o sea que el
Congreso de la Nación sancione una Ley, que repare esta situación y reconozca
la estabilidad a los trabajadores que ya están cumpliendo tareas en el Estado y
que deben pasar a planta sin ningún tipo de concurso previo”.  

El desguace y vaciamiento del Estado

En 1989,
cuando asume la presidencia Carlos Menem, el Estado nacional contaba con 1.080.000
trabajadores bajo su órbita.

Luego, con el
proceso de privatizaciones, transferencia de servicios, despidos y la falta de
designaciones de cargos llevó a que en 2003 queden únicamente 244.000 estatales
nacionales.

De acuerdo
al Ministerio de Economía, en octubre de 2013 (último dato oficial) bajo la
órbita del Poder Ejecutivo y entidades públicas no financieras (sin contar las
empresas y sociedades del Estado) figuraban 348.000 empleados, de los cuales
61.351 estaban bajo contrato.

“Hace diez
años el Estado se encontraba inoperativo: esto quiere decir que no se podían
cumplir las funciones mínimas”, recordó el Secretario General de ATE. Y aunque
aclaró que “ahora se están pasando a planta mediante sistema de contratos”, hizo
énfasis en que “un Estado operativo que cumpla las funciones que le
corresponden significa más técnicos, investigadores, inspectores en los puertos
y en los cielos, mejor y mayor tecnología, entre otras cuestiones que no se
resolvieron”.