La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que el sector de Parques Nacionales se encuentra en un estado de gran preocupación por el avance del Gobierno nacional sobre la protección y conservación de los bienes comunes y el vaciamiento de las políticas de preservación del ambiente, especialmente por el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares. También exigió mayor presupuesto, apertura de las paritarias sectoriales y un aumento urgente para las y los trabajadores.
“Las y los trabajadores de la conservación expresamos nuestro rechazo categórico al proyecto de modificación presentado por el Gobierno porque significa un gran retroceso en materia de cuidado y protección de los recursos hídricos del país. El Ejecutivo nacional junto a sus aliados provinciales ponen sobre la mesa una falsa discusión: “Minería sí o no” y “federalismo sí o no”. Según el relato, aceptar la modificación o rechazarla implica ponerse de un lado en esas dos brechas. El rechazo a este proyecto implica mantener la protección sobre el 1% de la superficie de la Cordillera de los Andes, sectores identificados como áreas glaciares y periglaciares los cuales ya se encuentran catalogados dentro del inventario del Instituto Argentino de Nivoligía, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)”, expresaron desde la Coordinación nacional de Delegadas y Delegados ATE Parques Nacionales.
Para ATE el avance sobre las funciones del IANIGLA en su rol federal y de estandarización de criterios, sienta un grave precedente para los organismos nacionales del sector. Existe una avanzada sobre los bienes comunes que se expresa en despidos y jubilaciones compulsivas – ya perdió alrededor del 20% de la planta funcional de la Administración de Parques Nacionales – ; en la paralización de la carrera profesional, por la falta de convocatoria a la apertura de los sectoriales de combatientes de incendios forestales ni Guardaparques; en los bajos salarios y falta de respaldo y apoyo institucional a las y los trabajadores en el cumplimiento de sus tareas – no hay ley o reglamentación que proteja frente a los riesgo basados en fenómenos naturales (por ejemplo, el Caso Lolen) -; en el cierre del Centro de Formación y Capacitación en Áreas Protegidas (CFyCAP) y su disponibilidad a la venta; en la contratación de asesores de funcionarios ‘amigos’ y sin experiencia y el reparto de pagos extra entre las propias autoridades con función ejecutiva (miembros del directorio, directores nacionales, intendentes); entre otras.
Por eso ATE demandó a las autoridades aumentar el presupuesto, nuevas contrataciones para cada área protegida; aumento salarial; aplicación de un plus salarial compensatorio para las y los trabajadores de Parques Nacionales; apertura de las sectoriales paritarias para Brigadistas y Guardaparques; aumento urgente a combatientes de incendios forestales y régimen jubilatorio acorde; continuidad de la carrera de todos los sectoriales y reparto equitativo de las unidades retributivas.
Fotos: Gentileza de Eugenia Neme.
