ATE Entre Ríos manifestó su preocupación ante el vaciamiento que el Gobierno nacional está llevando adelante en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con la sanción de la Resolución 213/25 que quita las funciones de control y regulación de instrumentos con reglamentos nacionales al Programa de Metrología Legal y que genera mayor vulnerabilidad en la ciudadanía. Además, el Sindicato denunció que a nivel provincial ya hay cese de servicios, falta de mantenimiento de los vehículos, reducción de los montos de caja chica, salarios adeudados y creciente incertidumbre laboral.
Sara Claret, Delegada de la ATE en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en la sede Concepción del Uruguay, advirtió: “Ya hay cese de servicios claves de controles en la provincia. Además, falta de mantenimiento de los vehículos que usamos para movilizarnos y llegar a realizar los controles en empresas, los salarios están congelados y el 1% de aumento que aún no impactó en los sueldos. Hoy crece la incertidumbre laboral entre las y los trabajadores del sector”. Y agregó: “Estamos convencidos de que la tarea de regulación es un rol que debe cumplir el Estado. Al ser un privado quien realice la regulación, cabe preguntarse qué garantías se le darán al ciudadano en el proceso”.
ATE rechazó la Resolución 213/25 que impuso el Gobierno nacional para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial porque desarticula y quita las funciones del Programa de Metrología Legal, área de trabajo que se encarga del control y regulación de instrumentos con reglamentos nacionales. La eliminación de estas funciones, abre la posibilidad de que organismos privados o instituciones extranjeras asuman las tareas de regulación lo que no sólo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que atenta contra la seguridad de toda la población. Asimismo, tiene consecuencias graves y concretas en el funcionamiento cotidiano de numerosas empresas. Actualmente en Entre Ríos este programa no se encuentra en vigencia por falta de recursos.
Es importante recordar que el Programa de Metrología Legal que se ocupa de, por ejemplo, realizar los controles para la correcta medición de los alcoholímetros, los cinemómetros (fotomultas), las balanzas comerciales, surtidores de combustibles (garantizando que no se sirva menos cantidad de la que el usuario compra) y los instrumentos médicos, entre otros, con esta medida del Gobierno, quedaría en manos de una posible gestión privada que se rige por lo lógica del lucro.
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