El 3 de diciembre fue la fecha elegida por la Asamblea General de Naciones Unidas para proclamar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en 1992. En Argentina, en octubre del 2000, mediante la Ley 25346 se ratificó la fecha con el objetivo de promover conductas responsables y solidarias sobre los derechos de las personas con discapacidad.

La jornada permite visibilizar el derecho a una vida digna e íntegra para quienes sufren algún tipo de limitación física o intelectual que dificulta sus actividades cotidianas y las ubica en situación de desigualdad.

Desde ATE se reitera el reclamo hacia el Poder Ejecutivo por el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por el Congreso Nacional en septiembre de este año. Su suspensión, bajo el argumento que el Poder Legislativo no incluyó las partidas correspondientes en el Presupuesto que permiten la ejecución de la misma, impide la consagración de los derechos que tienen las personas con discapacidad en todo el territorio nacional.

Carlos Ferreres, Director del Departamento de Discapacidad de ATE Nacional, declaró: “Dejar en suspenso la aplicación de la ley significa dejar sin asistencia a una población que necesita de tratamiento prolongado. Este Gobierno corrupto no solo no devolvió las pensiones quitadas por Mauricio Macri sino que se las quitó a su vez a más de 120.000 personas. También hizo negocios con los laboratorios. Desde su asunción se quedó con el salario de las y los trabajadores del ámbito de la discapacidad. Al mismo tiempo llevó a cero el impuesto a las retenciones del agro. Es una transferencia de dinero a los sectores más poderosos y más ricos en detrimento del sector más vulnerable y desposeídos del país. No hay nada que festejar”.

El Sindicato además insta a repensar el rol de la organización social y subraya el rol sindical para incidir en la lucha por la conculcación de las leyes que definen los derechos de las personas con discapacidad en su participación ciudadana.

Actualmente las personas con discapacidad son uno de los sectores que más padecen el ajuste económico implementado por el actual Gobierno de Javier Milei. La ausencia de políticas públicas, la eliminación de programas de inclusión laboral, el recorte de la cobertura de salud mediante la Agencia Nacional de Discapacidad, el sistema de obras sociales y la exclusión de 100.000 pensiones profundizan la vulnerabilidad del colectivo. La pensión no contributiva ronda los 294.194 pesos mientras que una Canasta Básica Total en agosto fue de $1.160.780 para una familia tipo, según datos del INDEC. Además, existe un retraso de los pagos a prestadores de terapias, transporte y acompañantes terapéuticos lo que genera interrupciones en tratamientos esenciales que ponen en riesgo la vida de estas personas.

Foto: Nicolás Bazán Povedano.