ATE Chaco expresó su repudio al DNU 340/25 firmado por el Poder Ejecutivo de la Nación, que restringe el derecho a la huelga, y advirtió su preocupación ante el constante ataque contra los derechos de las y los trabajadores que está llevando a cabo el gobernador Leandro Zdero. Por eso exigió su inmediata declaración de inconstitucionalidad ante la justicia local, al igual que lo denunció el Sindicato a nivel nacional.
Isaac Chaparro, Secretario General de ATE Chaco, manifestó: “Nuestra preocupación se halla en que el gobernador Leandro Zdero es un fiel seguidor del presidente y esperamos que no pretenda copiar esta acción como hizo con el protocolo de Bullrich. A pesar de que el mayor tribunal de la Justicia chaqueña lo desautoriza, el gobernador continúa reprimiendo la protesta social. Por eso estamos atentos a que no quiera copiar otra política regresiva en contra de los derechos laborales y las organizaciones sindicales. La protesta es la única respuesta que tenemos contra los despidos y para exigir aumentos de salarios”.
La firma del DNU 340/25 significa una nueva avanzada sobre el derecho constitucional a huelga, garantizado por el artículo 14 bis, e intenta ampliar la lista de servicios “esenciales” incorporando actividades que no involucran la salud, la vida o la seguridad de la población. Se pretende incrementar en porcentajes inauditos la cobertura de las actividades realizadas por las y los estatales.
Es importante recordar que el Poder Ejecutivo nacional ya había intentado restringir este derecho constitucional mencionado con el DNU 70/23, el cual también fue objeto de múltiples acciones de amparo y declarado inconstitucional por varios tribunales, incluyendo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
Desde ATE se planteó que el texto es inconstitucional y que la mayoría de las actividades que se plantean como esenciales las brinda el Estado. Por lo tanto esta norma afecta de manera directa al Sindicato y a las y los trabajadores estatales. Es por eso que solicitó a la Justicia que se dicte una medida cautelar para suspender los efectos del decreto y para que no tenga vigencia.
