La Asociación Trabajadores del Estado en Parques Nacionales lanzó un duro comunicado repudiando y rechazando enérgicamente la publicación realizada en las redes sociales del presidente Cristian Larsen y el jefe de gabinete, Nahuel Celerier, quienes mediante un video donde utilizan la imagen de decenas de trabajadoras y trabajadores y acusan sin prueba alguna a comunidades originarias de los incendios sufridos en la Patagonia argentina.
“Las autoridades de APN (Administración de Parques Nacionales) hacen politiquería acusatoria utilizando nuestras caras y a la par nos despiden de manera arbitraria y constante; desmantelan políticas de educación ambiental; buscan desarmar el escalafón científico técnico y aprietan el acelerador para <desregular> y volver laxa la normativa interna en detrimento de la conservación. Los hechos muestran que la mitad de los trabajadores de Parques Nacionales (profesionales, administrativos, técnicos y brigadistas) no sabemos si tendremos trabajo en abril y somos presionados constantemente bajo esta amenaza”, afirma el comunicado.
En la Patagonia Norte se vive una emergencia ígnea que genera una gran tristeza, consternación y pérdidas irreparables en la naturaleza y en los bienes de miles de personas dentro y fuera de la jurisdicción de Administración de Parques Nacionales. Esto demanda el mayor esfuerzo de cientos de trabajadores y trabajadoras de este organismo, de brigadistas del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, diversas organizaciones y de vecinos.
En la publicación las autoridades entremezclan labores a destajo de trabajadores quienes se encuentran mal pagos; precarizados y perseguidos, con acusaciones irresponsables. Mientras tanto, la realidad dicta que los brigadistas de incendios forestales tienen pésimos salarios; contratos hasta el 31 de marzo; no tienen jubilación acorde y se los quiere obligar a rendir un examen de idoneidad en temas que nada tienen que ver con sus tareas, a pesar de ya haber rendido pruebas de ingreso.
ATE expresó que los responsables deben juzgados mediante un proceso real y transparente, como marca la ley. Si hay culpables, la Justicia se tiene que encargar de buscarlos de forma imparcial.
