Tras el fracaso de la conciliación entre la Municipalidad de Andalgalá y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), será la Justicia quién decida la validez o no de los descuentos salariales que se efectuaron a más de cuarenta trabajadoras y trabajadores de ese municipio que participaban de una jornada de protesta.

La semana pasada las partes participaron de la convocatoria realizada en el Juzgado de Control de Garantías, donde la Municipalidad ratificó que no devolverá las sumas quitadas. Ante ese desacuerdo el juez, Martin Maturano, será quién deberá convalidar lo hecho por el municipio u ordenar que se restituya parte del sueldo quitada al personal.

El Secretario general de la ATE provincial, Ricardo Arévalo, explicó hace días que el paro se ejecutó en tiempo y forma, habiendo sido notificada tanto la patronal como la Dirección de Inspección Laboral. “Consideramos que estos descuentos no corresponden, ya que el único facultado para dictar la ilegalidad de una medida es el Ministerio de Trabajo y no la patronal” por ello argumentó el dirigente que “confiamos en que todo se resolverá en favor de las y los trabajadores damnificados con esta quita”.

Según se ha denunciado cada trabajador o trabajadora que participó de las medidas de fuerza sufrió un descuento de aproximadamente 200.000 pesos, una quita que representa más del 30% del salario promedio. Los afectados por esta disposición son 42 trabajadoras y trabajadores.