Nueve meses después de que una resolución de la Justicia
sobreseyera a la/os compañera/os Secretaria General de ATE Comodoro Rivadavia,
Verónica Rosales, a su Adjunto, Gerardo Coronado y al afiliado Armando Vargas, ahora
la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dispuso sus procesamientos
por el bloqueo al ingreso de la Playa de Tanques de YPF, realizado en el marco
de una protesta durante el año 2019. 

Según medios informativos de la región, la cámara (con
un fallo de 2 a favor y 1 en contra)  decidió revocar aquella sentencia del mes de
agosto, donde la jueza, Eva Parcio, los había sobreseído por el “escaso
tiempo” de duración del corte, y por no haberse registrado hechos de violencia
ni daños materiales.

En este nuevo fallo la Cámara entiende que “hay delito
cuando se impide, estorba o entorpece el funcionamiento de los transportes por
tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de
agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

La nueva decisión retoma una idea bastante permanente
de criminalizar la protesta, que se da sobre todo en una provincia que durante
los dos últimos años viene siendo cuestionada por desmanejos financieros y el
atraso en el pago de salarios y del aguinaldo a trabajadora/es estatales.