La/os compañera/os,
Verónica Rosales y Gerardo Coronado, Secretaria General y Adjunto, y Armando
Vargas de la conducción de la Seccional ATE Comodoro Rivadavia, debieron
presentarse un descargo judicial luego que fueran imputados por “entorpecimiento
del tránsito”, en el marco de una manifestación sectorial.

El avance judicial data
de una denuncia del año pasado, cuando el gremio se manifestaba contra el
ajuste salarial y por condiciones dignas de trabajo. Entonces se llevó adelante
una protesta pacífica frente a la playa de tanques, que ahora para la Justicia
federal se ha convertido en una acción que merece su judialización.   

En declaraciones a la
prensa local, Coronado denunció que la decisión de la Justicia Federal que
invocó el artículo 194 para imputarlos “es una forma de callarnos” con el
objetivo de que “lo que está pasando en la provincia no se sepa. Se tiene que
saber, por los sueldos atrasados, con aguinaldo que todavía no se cobran”.

Para la Seccional la
imputación contra sus dirigentes “busca criminalizar la lucha gremial que
emprenden nuestra//os compañera/os en reclamo de nuestra dignidad como
trabajadora/es, por nuestro derecho a un salario digno y nuestros derechos
laborales”.