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SAN LUIS// El gobierno puntano acaba de anunciar un aumento salarial del 25% para los trabajadores del estado provincial, que llevará el nuevo piso salarial a 4.003 pesos. Sin embargo desde ATE- San Luís subrayan que el porcentaje del aumento se va reduciendo a medida que se tienen mayor antigüedad como trabajadores del estado.

El titular del CDP, Raúl Varela, señala que “otra vez el gobierno confunde a los trabajadores. Ya el año pasado había liquidado los salarios con un mecanismo similar. Y cuando los compañeros fueron a cobrar sus haberes la cuenta que ellos hacían no se correspondían con lo que cobraban”.

Según explica Varela la trampa que impone el gobierno es anunciar como parte del aumento tanto lo que incorpora al básico como lo que suma por la antigüedad. “El aumento no es del 25% real. El  gobierno garantiza que nadie cobrará menos de 4.003 pesos, pero eso no implica que quiénes tengan mayor antigüedad cobren el mismo aumento. En el fondo son muy pocos los que reciben un salario mayor al que garantiza este piso”.

Por eso el aumento “discriminatorio al fin”, afecta a la mayoría de los estatales provinciales, porque hace muchos años que el estado no incorpora personal a planta, sino que los suma a través de los llamados planes de inclusión, y porque los casi 7.000 trabajadores de planta tienen una antigüedad de casi 28 años.

Varela sostiene que en realidad la masa salarial que se vuelca a los trabajadores es mínima: “un plan de inclusión pasa de 800 a 1.070 pesos, y para los compañeros de planta el aumento real será mucho menos que ese 25% que tanto se anuncia a través de los medios oficiales”.

Varela señala que el problema del salario estatal es más grave en los municipios. En ese sentido dijo que las franjas salariales oscilan entre los 1.500 y los 2.600 pesos mensuales.

Pero el mayor problema sigue siendo el trabajo en el Estado. Varela arroja cifras alarmantes: “el estado nunca renovó su planta. Fue reemplazando a la gente que se jubilaba con personal de planes. Hoy tenemos que el gobierno tiene 7.000 trabajadores efectivos y más de 25.000 personas que cumplen funciones bajo la modalidad de plan de inclusión”. “No pasará mucho tiempo a que el modelo de los hermanos Rodríguez Saa, tenga bajo la órbita estatal a trabajadores en totales condiciones de precarización laboral”, acotó.  

 

Prensa ATE/ 26-02-2013

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