Este lunes se llevó adelante una jornada de protesta y visibilización en contra del cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI). Con esta medida, tomada desde el gobierno nacional a cargo de Javier Milei, se deja sin efecto una política pública que tiene 30 años, con la fundación del programa en 1993.
El cierre del INAFCI implica el abandono del sector de la agricultura familiar, con impacto en las comunidades rurales y originarias de todo el país. El cierre del organismo afecta al proceso productivo de las y los pequeños productores, que se verán privados de asesoramiento técnico, sanidad animal, desarrollo de la infraestructura de agua, acceso al financiamiento internacional y provincial.
“La agricultura familiar es el sector que produce el alimento que comemos todos los días, que va para el mercado interno, que lo vemos en los bolsones verdes, en los huevos caseros, en la miel. Defender la agricultura familiar es defender la mesa y defender el bolsillo de todo el Chaco. Es un sector que fuimos organizando con el correr del tiempo, y hoy el gobierno nacional lo está abandonando y despidiendo a la totalidad de los trabajadores que estamos involucrados en este organismo”, expresó la delegada de ATE Chaco, Ana Nicora.
“Estamos indignados con la sarta de mentiras, con las barrabasadas que se dijeron sobre las y los trabajadores desde el gobierno nacional. Y aquí estamos demostrando nuestro trabajo”, agregó.
Además de sus oficinas en Resistencia, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena tiene sedes en Juan José Castelli, Quitilipi, Pampa del Indio, Las Garcitas, entre otros puntos de la provincia. “Es un organismo que se caracteriza por la territorialidad, que siempre ha trabajado mano a mano con los productores y con sus asociaciones, que ha trabajado en la generación de las ferias francas, en el circuito corto de la comercialización de la agricultura familiar, que provee asistencia técnica a través de sus ingenieros agrónomos, veterinarios, licenciadas en trabajo social en los procesos organizativos de cooperativización”, describió Nicora.
Por su parte, el delegado de ATE, Marcelo Ruesta, manifestó: “Muchas veces son ineficientes las políticas públicas que se planifican desde un lugar central y bajan a territorio, sin conocer la realidad. Pero en este caso estamos hablando de un Instituto que cubre la provincia y trabaja en terreno. Los problemas que diagnosticamos en el territorio son los que trabajamos y los recursos se aplican a ello”.
Nicora a su vez se pregunta: “¿Qué pequeño productor puede contratar a un ingeniero agrónomo? No estamos hablando de grandes productores, estamos hablando de 12 mil pequeños productores en la provincia que son la pequeña escala, ese es el sector que están abandonando”.
Y apuntó: “Luchamos para que queden nuestros puestos de trabajo y podamos seguir trabajando con el sector, donde estamos hace 30 años consolidando los equipos de trabajo. Somos profesionales, especializados en agricultura familiar, nuestra esperanza es que tantos años de trabajo no se pierdan”.
