“Le pido al Gobierno, sabiduría y reflexión. Entiendan que la gente realmente está sufriendo. Sabemos que los recursos son limitados, pero es necesario elegir bien dónde se destinan”, urgió al Ejecutivo Provincial Carlos Garzón, Secretario General de ATE Santa Cruz.
Tras casi dos años de servicio y tres renovaciones contractuales, a Nicolás Pereyra pretenden no renovarle nuevamente su contrato a pesar de no haber cumplido con la evaluación requerida por el Convenio Colectivo de Trabajo sectorial.
Frente a la angustiante realidad, el desde el Consejo Directivo Provincial santacruceño del sindicato llamaron a parar los días martes 29, miércoles 30 y jueves 31 de octubre.
ATE cuestionó el último incremento que se otorgaron las y los diputados, cuando denuncia “el salario promedio de las y los trabajadores estatales ronda los 600.000 pesos”.
La medida comenzó hoy y continuará durante todo el día de mañana en rechazo a la oferta salarial del 3,5% en octubre y el 3% en noviembre planteada por el Gobierno Provincial.
En un petitorio, entre otros temas se reclamó por la solución a la pésima distribución de medicamentos y el restablecimiento de algunas prácticas que son servicios esenciales.
Se trata de Nicolás Pereyra, un trabajador con casi dos años de servicio a quien, violando el Convenio Colectivo de Trabajo sectorial, pretenden dejar sin trabajo sin haberle realizado evaluaciones después de seis meses de prueba.
Los trabajadores se manifestaron y mantuvieron la medida de fuerza para exigir un aumento salarial digno que garantice que ningún empleado quede por debajo de la línea de pobreza.
El Secretario General de ATE Santa Cruz advirtió al Gobierno que revertir las medidas injustas es imperativo y, en un llamado a la unidad, subrayó que esta no es la primera vez que los derechos de los trabajadores han sido atacados.
Desde el Consejo Directivo Provincial (CDP) Santa Cruz de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que la cesantía de una trabajadora fue firmada por el Presidente de la Cámara, violando principios constitucionales y sin seguir los procedimientos administrativos correspondientes.
