“Estas cesantías muestran a un Gobierno actuando al margen de la ley. Acaban de emitir un decreto que garantiza la renovación automática por un año de quienes aprueben y aquí el universo alcanzado por las bajas contempla a trabajadores que atravesaron con éxito el Sistema de Evaluación Pública”, indicó Rodolfo Aguiar.
“Esto ya pasó con la dictadura y lo vivimos durante el macrismo. Volvió a llenarse de policías la Administración y son ellos con listados en las manos quienes comunican las cesantías”, indicó Rodolfo Aguiar y alertó por el intento de cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, el Archivo Nacional de la Memoria y otros organismos. También denunció una lluvia de cartas documento de despidos en todo el Estado.
Rodolfo Aguiar cuestionó los dos nuevos decretos de Sturzenegger pero destacó la contratación anual de quienes aprobaron los exámenes de idoneidad: “Aparece no sólo como un avance, sino como una respuesta a una de las principales demandas que le planteó ATE al Ejecutivo desde el principio”.
La secretaria general adjunta de ATE, Mercedes Cabezas, advirtió de 20 nuevos despidos en el organismo. Mientras tanto, brigadistas combaten el fuego en San Carlos de Bariloche.
“Está claro que los tiempos del Gobierno no se corresponden con las necesidades urgentes que tienen los trabajadores. Es evidente que a estos funcionarios les sobra plata para llegar a fin de mes”, apuntó Rodolfo Aguiar. La negociación se retomará la segunda semana de enero.
“Preferiríamos pensar otra cosa, pero todo indica que con este llamado el Ejecutivo monta una nueva teatralización”, indicó Rodolfo Aguiar.
“No les va a salir gratis despedir de manera ilegal a más de 2.000 trabajadores. No solo se trata de familias que quedan en la calle sino que estas cesantías se traducen en el desmantelamiento de políticas públicas medulares”, apuntó Rodolfo Aguiar.
El sindicato apoyó a la asociación civil feminista en la conferencia de prensa realizada en la Legislatura porteña donde repudiaron un grave acontecimiento intimidatorio contra quienes desarrollan actividad política y social comunitaria.
“Otra vez la ternura y la reparación de la mano de la lucha inclaudicable de las Abuelas”, expresó Valeria Taramasco, Secretaria de Derechos Humanos de ATE Nacional.
“El Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de los más de 57.500 contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año”, indicó Rodolfo Aguiar.
