Tras la publicación de la Decisión Administrativa 1/2025, la cual establece que los aumentos salariales del sector público deben negociarse exclusivamente dentro de los parámetros presupuestarios de cada dependencia estatal, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló: “Esta decisión es inviable, de cumplimiento imposible. Con salarios del 2023, si de algo puede estar seguro el Gobierno es que no va a existir paz social”.
“Condicionar los incrementos salariales a la disponibilidad presupuestaria de cada dependencia estatal es igual a decir que vamos a tener 0% de aumento anual”, agregó el dirigente. Cabe recordar que al no sancionarse una nueva ley de presupuesto, en el 2025 regirá el mismo presupuesto que en el 2023.
En este marco, Aguiar señaló: “Hicieron todo para que no hubiera Ley de Presupuesto. La última norma se formuló en el 2022 y acarrea más de un mil por ciento de inflación. Pretenden utilizar esta prórroga para asestar el golpe final sobre los ingresos y empujar a la pobreza a todos los que prestan servicios en el sector público”.
“No van a poder cumplir con esta decisión. A esta resolución la vamos a pasar por encima con movilización”, apuntó el Secretario General de ATE Nacional en referencia a la norma que lleva las firmas del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Federico Sturzenegger y Luis Caputo.
Además, Aguiar cargó contra altos funcionarios del Poder Ejecutivo que ingresaron gente cercana al Estado, como lo sucedido con el titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, quien a siete días después de ser designado en su cargo ascendió a su pareja, María Eugenia Fanelli, a un cargo de alta relevancia dentro del organismo.
“El cinismo de estos funcionarios no tiene límites. Nos quieren ajustar a nosotros pero todos los días ascienden a sus familiares e ingresan a militantes libertarios con sueldos millonarios”, concluyó el referente de ATE.
Estas decisiones, como las nuevas incorporaciones en la Vocería Presidencial que maneja Manuel Adorni, violan los decretos 1148/24 y 1149/24 recientemente publicados por el Gobierno que modifican el régimen de contrataciones en el Sector Público.
