Desde 2015, las y los trabajadores estatales pampeanos no habían sido recategorizados, a pesar de que la legislación vigente establece que cada tres años de antigüedad se debe otorgar una categoría, y cada cuatro en el caso de la rama profesional de Salud.
“En tiempos donde las funciones del trabajador del Estado son bastardeadas por el Gobierno Nacional, es un reconocimiento a las tareas que cumplen nuestros compañeros y compañeras de la Salud”, manifestó Roxana Rechimont, Secretaria General del Sindicato en La Pampa.
Entre los temas tratados y acordados por la reunión de la que participó ATE La Pampa se encontraban: Licencias Especiales oncológicas, pases a Planta Ley 1.279 y 643, recategorizaciones, Convenio Colectivo de Trabajo, el reconocimiento del pago del cónyuge a mujeres o matrimonios igualitarios.
Las y los estatales tendrán un aumento salarial que comprende 2,3% del IPC de enero, 3% de febrero, más el índice de actualización mensual acumulativo, mientras que en marzo será el índice de inflación medido por el IPC más el 2%. La actualización automática será acumulativa mes a mes.
La Secretaria General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) La Pampa advirtió: “No vamos a dejar que en nuestra provincia se implementen políticas iguales a las del Gobierno Nacional”.
Se debatió la situación nacional, provincial y municipal, así como las diferentes posturas y problemáticas que atraviesan en sus lugares de trabajo. También se organizaron los lineamientos de un plan de lucha para lo que queda del 2024 y lo que viene en el 2025.
Luego de 12 años de arduo trabajo de los delegados paritarios del sindicato en Educación, ayer se oficializó en el despacho de la Ministra de Educación de la Provincia.
El acto central se desarrolló en las escalinatas de la Universidad de La Pampa, donde concentraron las dos CTA, organizaciones sociales y políticas, gremios y movimientos de jubilados, entre otros.
ATE La Pampa, junto a los demás sindicatos de la Mesa Intersindical de Gremios Estatales pampeana, impulsó la medida en reclamo por una mejora salarial.
El gobierno provincial intentó neutralizar la medida de fuerza con aprietes, amenazas y hasta “listas negras” se vieron en la administración pública provincial y en las municipalidades.
