El CDP remarcó además, como una problemática, que el 40% de estos trabajadores y trabajadoras de Salud Pública están precarizados.
En la capital provincial hay más de 60 asentamientos que no han tenido ningún tipo de urbanización.
La resolución ministerial señala que esta asignación “será ejecutada por el SISPER (recibo de sueldo), a partir del mes de junio próximo.
Es un ente autárquico que lleva más de 30 años intervenido.
Las subas van desde el 12% al 30%.
También pidió explicaciones porque no se está dando la segunda dosis de las vacunas que corresponden a este personal esencial.
Durante el pasado 2020, el mural fue vandalizado 4 veces.
El sueldo promedio de la/os trabajadora/es estatales provinciales no llega a los 28.000 pesos, cuando la canasta familiar ya superó los 54.000 pesos.
Para la ATE “este tipo de episodios oscuros, vuelven a poner en evidencia de que en Corrientes la Salud Pública es un negocio de pocos”.
Denunciaron que las autoridades no toman recaudos.
