ATE denuncia intento de generar un colapso económico en el organismo.
Tal lo previsto, en el marco del Paro Total de Actividades
por 96 horas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ocupó la sede del
Centro Regional Patagonia Norte del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). La acción
directa tiene lugar desde las primeras horas del día y podría prolongarse más
allá de culminada la medida de fuerza nacional.
"Las autoridades nacionales y locales no han estado a
la altura de las circunstancias y son cómplices de intentar generar un colapso
económico en el organismo. En este momento se consolida un doble estándar de
controles que expone a toda la población al contagio de graves enfermedades
como el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH). Se controla de manera estricta solo
la exportación y se flexibiliza el consumo interno", alertó Rodolfo
Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro y advirtió: "Vamos a
sostener la ocupación y además profundizaremos las medidas hasta que los
trabajadores despedidos sean reintegrados a sus tareas y nos garanticen que los
servicios que presta el SENASA no serán privatizados o tercerizados".
En este sentido, además de demandar la reincorporación de
los 130 trabajadores cesanteados entre los que se encuentra el de San Antonio
Oeste, el Sindicato denuncia el vaciamiento del organismo de parte del Gobierno
Nacional. Es que las últimas medidas implementadas exponen a toda la población
a un serio riesgo en su salud y afectan el estatus sanitario que logró la
región luego de décadas de trabajo.
Los funcionarios han resuelto extremar los controles sobre
la exportación y eliminar los mismos para el mercado de consumo interno,
exponiendo a la población al contagio de variadas y graves enfermedades. Al
respecto se pronunció el Ingeniero Agrónomo y Delegado Sindical Matías
Miquelez: "Se van a recortar 1000 puestos de trabajo entre médicos
veterinarios y técnicos y, por ejemplo, el Estado no va a controlar las carnes.
No se podrá certificar condiciones de higiene, temperatura ni salubridad de
productos de consumo masivo como las hamburguesas, con lo que se deja muy
expuesta a la población a enfermedades como el SUH que deviene del contacto con
bacterias como escherichia coli”.
Desde ATE se denuncia que las autoridades también intentan
privatizar los controles que hoy se realizan en los frigoríficos y galpones,
transfiriendo de esta manera servicios que son indelegables del Estado.
"En lo que corresponde a las barreras zoofitosanitarias con este recorte,
pero también desde hace tiempo, estamos totalmente desfinanciados, sin recursos
ni materiales básicos. Sin siquiera combustible para hacer patrullaje”, graficó
Walter Wertmuller, Delegado Sindical de SENASA Río Colorado y completó:
"Apuestan a tercerizar y privatizar estos controles para favorecer a las
grandes empresas y los grupos económicos”.
Cabe recordar que se trata de 28 puntos de control
zoofitosanitarios esparcidos en toda la Patagonia Norte que realizan tareas
tanto en barreras como en aduanas y aeropuerto. Además de ello, SENASA controla
todo lo que corresponde con la sanidad y calidad agroalimentaria, estando bajo
su supervisión los cuatro grandes frigoríficos de la región que abastecen de
carne a la población.
Claramente el Gobierno Nacional pretende el desguace del
SENASA y para ello inició un desfinanciamiento que implica un achique
presupuestario del 25% en todas las Delegaciones y para todos los programas,
cerrando en el país más de 400 oficinas y dejando de pagar servicios esenciales
como mantenimiento y limpieza, además de viáticos a los empleados (técnicos y
profesionales) que desarrollan tareas de campo.
El achique del Estado sólo favorece al sector privado y
golpea de muerte a la producción regional, posibilitando por ejemplo el ingreso
masivo de manzanas de Chile, peras de Japón, uvas de Brasil y cerdo de Estados
Unidos.
El SENASA, un organismo central para la salud de los
argentinos, cuenta con 450 empleados –entre administrativos, técnicos y
profesionales- de los cuales el 85 por ciento se encuentra en situación de
precariedad laboral. Los despedidos por el Gobierno Nacional poseen entre 10 y
20 años de antigüedad al servicio de la población argentina.
