Pablo
Cucchi es trabajador del Casino Central, ubicado en la ciudad de Godoy Cruz. Hasta
ayer era delegado y desde hoy Secretario General de la junta interna de ATE en
el Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza. El primero en la historia del sector
que, mediante lista única, representará a 880 trabajadores.

La
Presidenta del organismo, Josefina Canale, intentó obstaculizar el acto eleccionario
impidiendo el ingreso de urnas a la sede del instituto. Pero ganó la razón y el
derecho: hoy mismo la patronal ratificaría la tutela de los doce representantes
de ATE, informó Cucchi a El Trabajador del Estado.

“La
junta interna es una herramienta de celeridad, organización y por ello de
fortaleza que nos habilita desde convocar a una asamblea general, hasta representar
a todos los trabajadores afiliados y no”, manifestó el dirigente.

Los
trabajadores del instituto atraviesan un frente de tormenta. En vísperas del diez
de diciembre pasado, el entonces gobernador Francisco Pérez echó a 34 de ellos
con contrato de locación. Y el 29 de enero, asumidas ya las nuevas autoridades
dispuestas por Alfredo Cornejo, se despidieron a 84 personas con contrato
temporario, por quienes a diario ATE reclama en las puertas de la sede central.

“Semanas
después, el gobierno de Cambiemos cerró los casinos de Uspallata y Eugenio
Bustos. Tras un corte sobre el paso internacional, logramos sentar a
funcionarios en una mesa de negociación, en que la patronal se comprometió a
reubicar en el marco de una futura negociación paritaria a los 25 trabajadores
puestos a disponibilidad, tal como exige la Ley de Empleo Público de Mendoza en
un plazo de seis meses”, señaló Cucchi.  

Sin
embargo, a principio de septiembre, el Gobierno mostró la hilacha y dio marcha
atrás, a pesar de las propuestas de ATE para que los trabajadores ingresen a una
nueva dependencia pública. Desde el 31 de marzo próximo, pasarían a formar
parte del ejército de despedidos.

A
los 143 estatales afectados desde diciembre podrían sumarse otros cincuenta, tras
el anuncio de cierre del casino en La Consulta en enero y los de Tupungato y
Tunuyán en marzo próximos.

“Hablan
de un instituto ‘sobredimensionado’, pero a partir de los despidos no creció la
recaudación. Hablan de erradicar la ludopatía, pero lo cierto es que el juego
estatal en la provincia nació con los gobiernos radicales, y el privado con el
del PJ”, recordó el flamante Secretario General.

“La
erradicación de la ludopatía no tiene sentido si el Gobierno no avanza sobre
los casinos privados”, agregó Cucchi. Por el contrario, denunció, el Gobierno
negocia una moratoria por los ingresos brutos impagos de las empresas de Matías
Garfunkel, Daniel Angelici y Cristóbal López. Quienes cogestionan, con Daniel
Vila, las máquinas tragamonedas de los casinos estatales cuya renta sólo tributa
al Estado un 50%.

No
sólo se trataría de un negocio de capitales amigos. Para Cucchi, el Gobierno
usa el instituto como laboratorio de resistencia de los trabajadores del Estado,
para evaluar cómo avanza con el ajuste en otros organismos.