Además de la imputación
contra Ñamku, la persecución judicial también recae sobre Martín Maliqueo, de
la misma comunidad, y contra Mauricio Rain, de la comunidad Wiñol Folil.

La judicialización de los
compañeros se debe a que en diciembre de 2012, junto a los pobladores de sus
comunidades, resistieron uno de los intentos de desalojos impulsados por la
empresa petrolera Apache, hoy adquirida por YPF.

Las fuerzas de seguridad
lograron desalojar a los pobladores, pese a que en ese momento las comunidades
realizaban el velatorio de a un bebé fallecido por deformaciones a causa de la
contaminación petrolera.

Durante la represión
resultó herida una oficial de policía, por lo cual la fiscalía imputó a Ñamku
por “tentativa de homicidio”, con una pena de más de 15 años de prisión, y a
Maliqueo y Folil por “daños”.

Por supuesto, la justicia
provincial en ningún momento indagó sobre los maltratos y la violencia que la
empresa petrolera y las fuerzas de seguridad ejercían contra los pobladores
originarios.

Ante esta situación, el
lunes pasado la comunidad Winkul Newen, junto a la Marcha Mundial de Mujeres,
se movilizó en Buenos Aires a la casa de la provincia de Neuquén para dejar una
nota de reclamo, la cual no fue recibida con la excusa de que no “había
funcionarios de rango”.

Desde el Departamento de
Derechos Humanos y el Observatorio de Vulneración de Derechos de ATE Nacional,
repudiamos la decisión de judicializar a los compañeros que defendían con todo
derecho sus tierras.

Además nos pronunciamos en
contra de la aplicación de la Ley Antiterrorista, ya que permite perseguir y
condenar a los luchadores y las luchadoras de todo el país.

También nos solidarizamos
con la comunidad Winkul Newen y con los pueblos originarios que resisten el
avance de las compañías petroleras y la megaminería sobre el suelo argentino.