El primero
dice que tomaron represalias porque demostró que Iron Mountain había cometido
graves irregularidades en su depósito de Barracas que se incendió el 5 de
febrero pasado. Ahí perdieron la vida diez servidores públicos: ocho bomberos y
dos empleados de la Guardia de Auxilio.

Su compañera
sufrió diferentes hostigamientos que le provocaron un pico de presión. La
última forma de castigarlos fue con descuentos en sus salarios por un
porcentaje que supera el 50 por ciento. “En mi caso me redujeron el sueldo en
4500 pesos por ausencias reiteradas e injustificadas, lo cual no es cierto”,
declara Castro.

El
integrante de la junta interna de delegados de ATE en la subsecretaría recibió
una carta documento de Sabor como contestación a una que le había mandado. En
ella, el funcionario niega que “se haya efectuado retención y descuentos
indebidos” en los haberes de Castro correspondientes a marzo. Asimismo desconoce
su carácter de “delegado (…) con mandato vigente y que se encuentre amparado
por la tutela sindical garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución
nacional, leyes 23.551 y 23.592”. El inspector representa a sus compañeros hace
seis años y lleva diez desempeñando tareas en la dependencia laboral.

“Voy a
iniciar una acción civil, otra penal y además realizaré una denuncia ante el
Inadi”, afirma Castro. Nadie le saca de la cabeza que todo lo que está viviendo
“es en represalia por mis denuncias sobre Iron Mountain y el encubrimiento de
la situación irregular en que se encontraba la empresa al momento del
incendio”.

“Sentate y
trabajá”, “Si fuera compañera tuya me daría vergüenza porque sos la que menos
expedientes hacés”, “Para eso te paga el gobierno”, fueron algunas de las
frases que escuchó Stohbaver antes de que la presión se le fuera por las nubes
el 21 de febrero. En aquel momento terminó en el Hospital Argerich. Castro, su
compañera y los demás delegados del organismo ya habían denunciado ante la OIT
al gobierno porteño y al contador Sabor, “por incumplimiento de los deberes en
materia de inspección laboral, violaciones a la libertad sindical y a las leyes
nacionales, locales y pactos internacionales”.

Además, los
137 inspectores que el subsecretario pretendió desplazar a la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), en agosto de 2013, para que continuaran con sus
tareas desde ese organismo consiguieron frenar la medida con una serie de
amparos presentados ante la Justicia.

Pareciera
que fue demasiado para Sabor. En la carta documento que le envió a Castro niega
haber efectuado “descuentos indebidos en sus haberes por una suma de 4505,4
resultantes de una acción antisindical”. Castro le mostró el recibo de sueldo a
Página/12: Allí dice “ausencias injustificadas” para demostrar que el delegado
no cumplió con sus tareas habituales como inspector. Castro responde: “Ni
siquiera saben hacer un recibo de haberes. Deberían haber colocado la cantidad
de días con ausencias que no son tales”. Acaba de cobrar abril con nuevos
descuentos. El día del trabajador se enteró de que le redujeron el sueldo otra
vez; ahora por poco más de dos mil pesos.