ATE

La ATE denunció la práctica desleal ejercida por los subsecretarios de Legal y Técnica, Pedro Miró (a cargo de la Secretaría General de la Gobernación) y de Políticas Comunicacionales Gabriela Sosa, a quienes hace tres meses se les solicitó audiencia para tratar la problemática del sector, sin obtener una respuesta favorable hasta la fecha.

“Queremos
recordarles a los subsecretarios que están violando la Ley  23.551 de
Asociaciones Sindicales, que considera práctica desleal a la obstrucción o
dilatación del proceso de negociación con la asociación sindical”, señaló el
secretario adjunto de ATE, Mario Bustamante.

Hace tres
meses, el sindicato solicitó formalmente pedido de audiencia a Miró para
continuar la negociación iniciada con el ex secretario General de la
Gobernación, Julio Sotelo. El pedido fue respondido por la subsecretaria Sosa
quien solicitó temario a tratar. “El 13 de junio entregamos formalmente el
temario a tratar y desde entonces esperamos que nos conceda una audiencia”,
remarcó Bustamante.

Uno de los
temas más preocupantes es el de los trabajadores precarizados con contratos
mensuales en concepto de pautas publicitarias a través de Fiduciaria del Norte
S.A. Se trata de tres periodistas y una diseñadora gráfica (ésta última con una
beba de seis meses sin cobertura social) que están trabajando en la Dirección
de Prensa desde hace más de cuatro años en condiciones totalmente irregulares.

“Trabajan
periódicamente en la Dirección de Prensa, cumpliendo las mismas órdenes,
horarios, funciones y a la par de los compañeros que están en planta, pero sin
los mismos derechos, sin estabilidad laboral, aportes ni obra social”,
advirtió.

Otros temas
que hacen a la problemática del sector, que venían siendo trabajados con
Sotelo, son el reconocimiento de la labor periodística, la creación de una
estructura orgánica que garantice cargos y carrera en el área, el pago de
bonificaciones (por título, feriados, fines de semana y  horario nocturno)
tal como lo estipula la Ley 2017, del estatuto del empleado público.

Por ello
ATE, apela a la voluntad y al buen criterio de los funcionarios de Gobierno
para conceder una audiencia y trabajar en la regularización de la situación de
los trabajadores. “La situación de revista no define al trabajador ni a su
función sino al empleador, y en éste caso, siendo el Estado, el mismo que debe
bregar por el cumplimiento de las leyes y las condiciones laborales de los
trabajadores es el que está infringiendo la ley”, concluyó Bustamante. 

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