La
Dirección de Interpretación y Extensión Ambiental de la APN cuenta con 20
trabajadores. Once de ellos se quedaron sin espacio físico de labor desde el sábado pasado. La
incertidumbre sobre su futuro no es menor, teniendo en cuenta el grado de
precariedad de los empleados en el organismo. Tampoco es menor la incertidumbre
sobre el futuro del área: la dirección depende asimismo de la Dirección
Nacional de Conservación de Áreas Protegidas, que tiene como tarea planificar
políticas de conservación en sus aspectos científicos, de monitoreo, uso
sustentable y recreación.

Como
el diálogo entre los trabajadores y los funcionarios está cortado, los
compañeros se vieron en la obligación de interceptar ayer en la calle a Carlos
Corvalán y Daniel Ramos, presidente y vice de la APN. De este modo, el dos se
vio en la obligación de recibir a una delegación, acompañado de la Jefa de
Gabinete, Adriana Villani.

La
patronal explicó que el desalojo tiene que ver una decisión de reubicación. Que
por ahora no hay perspectivas de concretar el edificio único para la sede
administrativa y que se abrió ya una consulta en la Administración de Bienes
del Estado. Se comprometió, por último, a trasladar novedades en una próxima
reunión, fijada para el viernes a las 14.

Natalia
Pérez, delegada general de ATE en la sede central de Parques Nacionales, adelantó
a El Trabajador del Estado que en ese marco se plantearán también las demandas
que el sindicato sostiene desde hace años: el pase a planta de los brigadistas
de incendio, el convenio colectivo de trabajo único y el desprocesamiento de
los trabajadores de la APN.

Bajo este contexto, la asamblea de trabajadores resolvió hoy mantener un cese de tareas y el estado de asamblea permanente. Mañana además las distintas juntas internas nacionales coordinarán acciones conjuntas