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En el marco del apoyo internacional a las familias de los normalistas detenidos-desaparecidos en Ayotzinapa, desde el CDN señalamos que los crímenes cometidos contra los 43 estudiantes, como también las miles de víctimas en México, constituyen delitos de lesa humanidad.

Desde el Departamento
de Derechos Humanos del CDN, se sostuvo que “en un país devastado por el
neoliberalismo y por una cruenta guerra interna en la cual confluyen
narcotraficantes y fuerzas de seguridad, y las principales víctimas son los
civiles, la desaparición de 43 estudiantes ocurrida hace un mes es una nueva
muestra de la profunda descomposición que vive México”.

El 26 de septiembre
pasado, un grupo de alumnos pertenecientes a la Escuela Normal Rural “Raúl
Isidro Burgos” de la localidad de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero,
viajaron a la ciudad de Iguala. Al llegar, fueron reprimidos por la policía
quedando como saldo cinco heridos, seis muertos y 43 jóvenes desaparecidos.

“Hasta el día de hoy no
existen pruebas concretas y certeras sobre el paradero de los estudiantes. Al
mismo tiempo que la inmovilidad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto
aumenta frente a este caso, las protestas sociales crecen en todo México”,
subrayaron del Departamento de DDHH.

Como bien lo explicó el
periodista Guillermo Almeyra en el artículo “¡Fuera Peña Nieto!”, nunca “un
gobierno mexicano ha recibido un repudio más vasto. Hay un hilo rojo de sangre
entre las matanzas de Tlatelolco de tiempos de Díaz Ordaz y Echeverría, los 50
mil muertos durante el gobierno de Calderón y los más de 15 mil que lleva en su
haber Peña Nieto, que es el representante de las transnacionales y la
oligarquía reducida que explotan México”.

Diversos analistas de
la realidad mexicana han recordado que la problemática del narcotráfico en ese
país no es sólo un tema de seguridad o finanzas –en el que está implicado
directamente Estados Unidos-, sino que las estructuras del narco son una punta
de lanza contra la movilización social. Como sucede también en Colombia,
narcotráfico y paramilitarismo apuntan sus armas contra movimientos sociales,
organizaciones sindicales y organismos de derechos humanos, por más que los
gobiernos de esos países aseguren combatir el flagelo del tráfico de drogas.

En una entrevista
realizada por el portal de noticias Marcha, el maestro y dirigente de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de México, César
Valdovinos Reyes aseguró que la protesta en la que participaban los estudiantes
molestó a las autoridades del municipio de Iguala, por lo cual enviaron “a la
policía sobre los compañeros docentes normalistas, y la consigna muy clara fue
desaparecerlos”. En ese operativo no sólo se reconocieron camionetas
policiales, sino que se identificaron vehículos de grupos narcotraficantes.

La implicación de
funcionarios estatales quedó en evidencia cuando el alcalde de Iguala, José
Luis Abarca, y su esposa, se dieron a la fuga. El ex funcionario, que estuvo
prófugo más de un mes, es apuntado por sus estrechos vínculos con el cártel de
los hermanos Beltrán Leyva, quienes en el pasado operaban en el cártel de
Sinaloa, dirigido por Joaquín Guzmán Loera, más conocido como “El Chapo”, una
de las personas más ricas del mundo que meses atrás fue capturado por la
policía mexicana.

La desaparición de los
43 estudiantes en Iguala no es un hecho casual. Su pertenencia a las Escuelas
Normales Rurales es un dato importante para entender por qué fueron reprimidos
y hasta ahora no se conoce su paradero.

Estas escuelas tienen
una extensa historia y fueron creadas para formar docentes campesinos que, a su
vez, educarán a otros campesinos. El caso de la escuela Isidro Burgo de
Ayotzinapa es un ejemplo: fundada en 1926, brinda educación y protección a los
hijos de campesinos de las zonas más pobres de Guerrero. A su vez, la historia
de la escuela está ligada a experiencias insurgentes mexicanas. En este centro
de estudio se formaron Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez, líderes
campesinos e impulsores de la lucha armada en México, a través del Partido de
los Pobres y la Unión Cívica Guerrerense.

Un análisis que queda
al descubierto luego de la desaparición de los estudiantes mexicanos es que los
grupos narcotraficantes como el paramilitarismo tienen una relación directa,
política e ideológica, con los gobiernos.

Sobre esta
problemática, el escritor e intelectual Raúl Zibechi efectuó una síntesis en su
artículo “No hay diferencia entre narco, burguesía y élites”. Para el autor, se
debe dejar de “hablar de narco (narcotráfico o tráfico de drogas) como si fuera
un negocio distinto a otros que realizan las clases dominantes. Atribuir los
crímenes a los narcos contribuye a despolitizar el debate y desviar el núcleo
central que revelan los terribles hechos: la alianza entre la élite económica y
el poder militar-estatal para aplastar las resistencias populares”.

Zibechi recordó “que los narcotraficantes se han convertido en grandes
terratenientes y, como tal, han comenzado a compartir la política de derecha de
los terratenientes tradicionales y a dirigir algunos de los más notorios grupos
paramilitares”.

El intelectual indicó
“que el negocio de las drogas forma parte de la acumulación por desposesión,
tanto en su forma como en su contenido” y se encuentra “en sintonía con la
financierización de la economía global, con la cual confluye a través de los
circuitos bancarios donde se lavan sus activos”.

Por último, Zibechi
destacó que los líderes del narcotráfico tienen “exactamente los mismos
intereses que el sector más concentrado de la burguesía, con la que se
mimetiza, que consiste en destruir el tejido social, para hacer imposible e
inviable la organización popular”.

Este Departamento se mostró confiado en el accionar del Equipo Argentino de
Antropología Forense que se encuentra en México colaborando con la búsqueda de
los estudiantes. A su vez, el área de DDHH de ATE indicó que se está llevando a
cabo una campaña de solidaridad a la que pueden incorporarse los compañeros y
las compañeras que lo deseen. Para ello deberán comunicarse con el Departamento.

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