ATE Rosario protagonizó junto a otros gremios la
iniciativa que exigió a la Cámara de Diputados que no avale la adhesión a la
Ley de Riesgos de Trabajo, implementada a nivel nacional durante el gobierno de
Mauricio Macri. “Es una ley de Menem y la UIA empeorada por el macrismo, para
que ganen las ART y perdamos les trabajadores”, dijo Lorena Almirón, Secretaria
General de ATE Rosario.
En medio de una pandemia que puso el epicentro en la
importancia del rol del Estado en la protección del derecho a la salud, el
Gobernador Omar Perotti; el Ministro de Trabajo de Santa Fe, Roberto Sukerman;
y el ex Gobernador y actual Diputado, Miguel Lifschitz, se pusieron a la cabeza
de la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 27.348.
Esta normativa que requiere que cada provincia
adhiera, fue impulsada por el macrismo y
“atenta contra los principios básicos del derecho del trabajo y la seguridad
social”. Su derrotero se vincula con las etapas de mayores retrocesos para les
trabajadores. Nació de la mano del gobierno neoliberal de los `90 y significó
un ‘negoción’ para las Aseguradoras que constituyeron un mercado oligopólico,
fijando alícuotas a gusto y reproduciendo sus ganancias en el sector
financiero. Por supuesto, de la mano de la CEOcracia macrista, lo que se
modificó fue para aumentar más sus ganancias.
“Es una ley que atrasa y es parte de la
flexibilización que vivimos desde la década de los 90´. Es inadmisible que en
el marco de una pandemia se vote esta Ley, por eso le decimos a las y los
Diputados que voten en contra de esta adhesión y que escuchen las voces de las
trabajadoras y trabajadores”, advirtió Lorena Almirón, Secretaria General de
ATE Rosario.
Repasando rápidamente, el proyecto pone en igualdad de
condiciones a patronales y trabajadores, cuando toda persona que vive de su
laburo sabe que ése vínculo es desigual. Por otro lado, no avanza sobre
prevención y cuidado de la salud, mucho menos en cómo se despliegan las
dinámicas laborales que enferman.
A su vez, las normas deben tender a dar más derechos y
no quitarlos (progresividad) y a proteger al sector más débil de la cadena en
cosas nodales como la integridad física (principio protectorio). Por violentar
ambas cosas, se cataloga esta modificación de la Ley de Riesgos de Trabajo como
‘inconstitucional’. Pero no sólo por eso: también obstaculiza el acceso a la
justicia y a una reparación justa.
Un punto destacable en Santa Fe es que existe una ley
pionera de Comités Mixtos de Seguridad e Higiene, pero se aplican
disgregadamente y con escaso control estatal. De hecho, en el propio Estado se
viene exigiendo que existan estas instancias por la pandemia, y también más
allá de ella. No obstante, el Ministro Roberto Sukerman se puso a la cabeza de
la campaña por la adhesión a esta legislación que profundiza aún más la actual
invisibilización y desconocimiento de enfermedades laborales, obligando a les trabajadores
a recurrir a instancias judiciales para lograr su protección.
El caso del desconocimiento del Covid 19 como
enfermedad laboral, se repite en diversos espacios. Una treta bastante
repudiable de las empresas aseguradoras cuando más debieran responder a los
efectos sobre los cuerpos de las y los esenciales.
“Sabemos que hay estudios sobre las secuelas a largo
plazo, además de cardíacas, respiratorias, pérdida total del olfato. Son
cuestiones graves, por lo tanto no podemos aceptar esta ley que beneficia
directamente a los empresarios y no a los trabajadores y trabajadoras en
general. Hay dos muertes por día en el trabajo. Hace dos días se produjo la
explosión de la Terminal 6 y parece que no pasó nada. Hay muchísimas
enfermedades profesionales que no se reconocen. Las y los trabajadores seguimos
perdiendo derechos elementales, por eso vamos a salir a la calle, como hoy con
este pañuelazo. Y vamos a mostrar las caras de quienes voten contra nuestra
salud y nuestros derechos”, concluyó Almirón.
