La ATE Chaco denunció que las y los trabajadores del Estado provincial han perdido alrededor de un 35% de poder adquisitivo entre el año pasado y lo que va del 2021. El sindicato pide que se abra la paritaria en junio para avanzar en una mejora salarial acorde a la inflación, de acuerdo al compromiso asumido por el gobernador Jorge Capitanich.

“Tenemos datos de la Junta Interna de ATE del INDEC a nivel nacional. Y cotejando esa información con los números de la provincia, tenemos que las recomposiciones otorgadas en 2020 y en lo que va del 2021 están un 34,6% por debajo de la inflación”, explicó el secretario General de ATE Chaco, Mario Bustamante.

“En el 2020 se dio a las y los trabajadores estatales un 17% promedio de aumento, cuando la inflación rondó el 40%. Esto representa una diferencia de entre el 23% y 25% en relación al índice de precios. Y este año, en marzo, la pauta salarial fue de un 10%, pero resulta que – solo contando hasta mayo – según los datos de la Junta Interna de ATE en el Indec, llevamos un acumulativo de 21,6% de inflación. Entonces ya estamos perdiendo alrededor de 11,6% de poder adquisitivo solamente en este periodo del año”, agregó.

Acumulando estos 18 meses, los sueldos de las y los empleados públicos provinciales quedaron de esta manera aproximadamente un 35% por debajo de la inflación.

“Cuando se otorgó el 10% de aumento en marzo de este año, ATE no acompañó ese acuerdo, porque era claro que íbamos a quedar por debajo de la inflación. Ahora pedimos que el gobernador Capitanich respete el compromiso que hizo en esa ocasión y vuelva a abrir paritarias en junio como había quedado establecido”, expresó el titular del CDP.

Bustamante también manifestó que “son muy pocas y pocos los trabajadores que alcanzan la Canasta Básica Familiar, que actualmente está fijada en 92 mil pesos para una familia tipo. En la provincia, la mayoría de las y los trabajadores tiene un sueldo promedio de 30 mil pesos”.

El titular de la ATE provincial sostuvo que “debe haber una fuerte intervención del Estado en relación con la inflación”, y agregó que “si esto no se regula, el Estado puede seguir destinando recursos a las ayudas sociales y a los aumentos salariales, pero dichos montos son deteriorados inmediatamente”.

En este sentido concluyó en que “si no hay políticas públicas más firmes en ese sentido, si el Estado no interviene en la economía diaria ya sea vía la regulación de las tarifas, el no aumento de los combustibles o poniendo coto a las ocho o nueve empresas monopólicas formadoras de precios, cualquier tipo de incremento en los salarios o en las ayudas sociales se lo terminando llevando unos pocos”.