ATE

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Las partes se encuentran trabajando en un proyecto legislativo que contemple subsanar los impedimentos.

Las y los trabajadores de la Defensoría del Pueblo del Chaco, ATE Chaco, reclaman que el organismo se encuentra en un estado de aplazamiento. Esto se debe a que la ley que la rige, con más de 25 años de vigencia, no se adecua al desarrollo de las actividades y fines de la institución, generando a su vez inconvenientes laborales en quienes desempeñan allí sus funciones.

“Queremos visibilizar la situación institucional que atraviesa la Defensoría. Los trabajadores que prestamos servicios desde la puesta en funcionamiento de la institución en 2012, advertimos que existe un vacío legislativo que genera serios inconvenientes administrativos y que se traducen en vulneración de derechos laborales”, explicaron las y los trabajadores.

La principal función de la Defensoría es la de peticionar por el derecho de los habitantes ante cualquiera de los poderes de Estado. Defender al ciudadano, al vulnerable, y ser el sostén para el ejercicio de sus derechos, lo que le da una amplia competencia por las materias y el territorio que abarca. “Las y los trabajadores hemos iniciado durante estos 10 años, con acompañamiento gremial, diferentes peticiones a las autoridades legislativas a fin de lograr la estructura necesaria para que una institución de raigambre constitucional logre el cumplimiento de sus fines. El objetivo es llegar a los ciudadanos de toda la provincia del Chaco, y contar con una normativa que nos avale”, afirmaron.

Las y los trabajadores, con sus representantes gremiales, más las autoridades del organismo, se encuentran trabajando en un proyecto legislativo que contemple subsanar los impedimentos. “Con el mismo se pretende que la Defensoría logre un funcionamiento orgánico, ágil, con la ampliación de sus áreas, con mayor presencial territorial y reivindicación de nuestros derechos laborales. El fin es dotar al ente de las herramientas necesarias para posicionarse a la altura de las Defensorías del Pueblo de las principales provincias y ciudades del país”, expresaron.

“Apelamos a las autoridades legislativas a que pongan en agenda la necesidad imperiosa de la reforma de la normativa vigente. Esta constituiría un indiscutible salto de calidad para la institución, en pos del respeto de los derechos de sus trabajadores, y que beneficiaría sin dudas a todo el pueblo de la provincia”, agregaron.

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