Después del contundente
Paro Nacional del 10 de abril la CTA sigue reclamando un Salario Mínimo Vital y
Móvil equivalente a la Canasta Básica Familiar, no inferior a $9.000; Extensión
del Salario Mínimo Vital y Móvil a todos los trabajadores, incluyendo a los del
sector público provincial y municipal, y a los que perciben planes sociales;
Aumento jubilatorio de emergencia y 82 % móvil para jubilados y pensionados;
Terminar con la precarización laboral; Eliminación del Impuesto a las Ganancias
a los trabajadores y Derogación de la Ley de Riesgos del Trabajo.

El proyecto de regular la
protesta es inconstitucional en tanto y en cuanto pretende reglamentar un
derecho constitutivo del sistema democrático al exigir una notificación de 48
horas ante la autoridad policial para realizar una movilización y establecer
que será el Ministerio de Seguridad el que decida si la manifestación se
considera legítima o ilegítima.

La CTA no admite que sea
facultad del Poder Ejecutivo decidir la ilegalidad o legalidad de una protesta
que se expresa por medio de una manifestación pública, mucho menos cuando de
esta calificación dependa la represión inmediata o no de la misma.

En lugar de imaginar
argucias de toda laya para reprimir la protesta social y restringir el derecho
a peticionar, el Gobierno debería preocuparse en dar respuestas a las demandas
populares insatisfechas a más de treinta años de retornada la democracia a
nuestro país.

La mejor forma de
convivencia no es la que intenta limitar o reprimir la protesta sino la que
propicia instancias de participación y de expresión de los distintos actores
sociales.

Asociar protesta a caos es
un latiguillo que han utilizado desde el fondo de nuestra historia los sectores
dominantes para “poner orden” cada vez que el pueblo cuestionó a fondo sus
intereses políticos, sociales, ideológicos y económicos.

Cuando existen cinco mil
militantes populares procesados y se amenaza con una condena a cadena perpetua
a los petroleros de Las Heras en Santa Cruz, sanción considerada ejemplar por
la propia Presidenta de la Nación, y ante la persistente negativa del poder a
garantizar el derecho a la libertad y democracia sindical, la CTA convoca al
conjunto de la sociedad a manifestar masiva y pacíficamente su rechazo a este
nuevo intento de sofocar la protesta y respaldar la Nueva Ley Sindical junto al
resto de reivindicaciones salariales y laborales.