Luego de que la AFIP aceptara el pago en cuotas del Impuesto
a las Grandes Fortunas por parte de las personas físicas más ricas del país, el
secretario adjunto nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, rechazó esta decisión
porque “demuestra que no dejan de temerle a los ricos y les dan facilidades que
al resto de los ciudadanos les niegan".
“Genera bronca pensar que quienes se enriquecieron en
nuestro país a costa de especular mientras el pueblo sufría ahora puedan pagar
en cómodas cuotas. Que se pueda cancelar en hasta 6 veces desnaturaliza un
gravamen que estuvo pensado, en gran medida, para atender las urgencias
surgidas de la pandemia”, esgrimió el dirigente. La resolución permite esta
condición para quienes realicen un adelanto del 20% hasta el 28 de abril y luego
seguir con 5 pagos mensuales consecutivos y del mismo valor.
Aguiar evaluó que "los recursos producidos por este
impuesto no sólo llegarán tarde, sino que a partir de la inflación se verá
licuada una gran parte de ellos". En esta línea, recordó la intención
primaria del gravamen, el cual se destinará a la compra de insumos médicos y
sanitarios, subsidios para las Pymes y barrios populares, becas Progresar y
programas de desarrollo y producción de gas natural mediante YPF.
"No se debe abandonar la idea de que este aporte se
transforme en un tributo permanente. El debate sobre la manera de financiar el
Estado luego de la crisis económica generada por el Covid está más vigente que
nunca. Debemos avanzar en una reforma profunda del actual régimen de recaudación
impositiva. Hasta ahora, los esfuerzos lo siguen haciendo los sectores
populares. Hay que avanzar en un sistema de alcance progresivo que termine con
todos los privilegios a la hora de aportar al sostenimiento de una
administración pública que en todos sus niveles debe dar rápidas y múltiples
respuestas frente a este mundo nuevo que nos desafía", concluyó.
Se espera que la recaudación del impuesto sea de unos 300
mil millones de pesos, para lo cual las personas alcanzadas deberán pagar una
suma en base a la declaración jurada que presenten, como fecha límite, hasta el
30 de marzo. Las alícuotas aplicadas van desde el 2,50% al 3,84% del
patrimonio.
