Luisa Antonia Ayala es enfermera y Delegada General de ATE en el Hospital Aeronáutico Central de la Fuerza Aérea, además de Congresal de la CTA Capital Federal. En octubre del 2005, la compañera se encontraba en su lugar de trabajo, la Unidad de Terapia Intensiva del hospital, cuando un individuo vestido con ambos y que dijo ser familiar de un comodoro, ingresó al sector y la amenazó de muerte.

Unos meses antes, mientras la compañera Ayala estaba de guardia, ocurrió un corte del suministro de oxígeno en toda la Unidad de Terapia Intensiva. “Nosotros, como profesionales, hicimos lo que correspondía, que era atender y ayudar como pudimos a los pacientes. En la unidad de terapia intensiva había gente que dependía de un respirador”, explicó la enfermera.

Un familiar de uno de los pacientes que se encontraba internado notó la falla y tomó el nombre de la compañera Ayala, como podría haber tomado el de cualquier otro trabajador del sector, como testigo del corte del suministro. Tiempo después, llamaron a la enfermera a testificar: “Tuve que declarar que el corte duró tres horas y media, y no quince minutos, como dijo el jefe militar de ese momento”.

Unos meses más tarde, en octubre de 2005, mientras Ayala se encontraba de servicio, un hombre no identificado ingresó en la Unidad de Terapia Intensiva preguntando por ella y la amenazó de muerte, llegando a decirle que su vida valía “cinco mangos” y que tenía que “cerrar la boca”.

“El médico de guardia, personal civil, fue a confrontar al agresor y llamó a la seguridad del edificio, que por ser un hospital militar, es seguridad armada. Desde seguridad le dijeron que estaban todos comiendo y que no había nadie que pudiera ir a contener a esta persona. Para entrar en el hospital todos los integrantes del personal debíamos mostrar identificación con fotografía, por lo que resulta extraño que esta persona pudiera eludir los controles y subir hasta el sector de terapia intensiva”, relató Ayala.

Tras las amenazas sufridas por parte del agresor, en lugar de asistir a la trabajadora, las autoridades del Hospital Aeronáutico decidieron abrirle un sumario interno en el que la acusaron de haber sufrido un brote sicótico, y aseguraron que no era cierto que la hubieran amenazado. Le informaron que el psiquiatra del servicio, oficial a cargo, era quien debía realizar el informe. Tiempo después la compañera se enteró que el informe para el sumario debería haber sido realizado por un abogado.

El psiquiatra llegó a interrogarla en varias oportunidades durante más de cuatro horas, tras lo que la retiraron del área de trabajo. “Me obligaron a dejar mi puesto en Terapia Intensiva. Me pusieron en un puesto de muy baja responsabilidad frente a la experiencia y especialidad que tenía. Me pusieron a repartir gasas”, dijo la compañera.

“Comenzó un proceso de hostigamiento, de degradación, de vejación. Me querían convencer de que yo estaba loca. Esto hizo que mi ambiente de trabajo se volviera hostil para mí. Mis propios compañeros, sin ninguna mala intención, me preguntaban si estaba bien, si me sentía mejor”, manifestó Ayala. Habían logrado instalar la noción de que la compañera no estaba dentro de sus cabales.

En la calle comenzó a recibir aprietes: La seguían personas, e incluso empezó a recibir apremios contra su familia. Con un abogado, la compañera realizó la denuncia correspondiente en tribunales, ya que estaba en juego su vida.

Frente a esta situación, la compañera pidió contención psicológica, y fue ahí cuando comenzaron a medicarla. “Reaccioné muy mal a esa medicación. No me hizo nada bien. Cuando fui de nuevo a consultar al profesional que me la había recetado, me dijo que si yo no tomaba las medicaciones, yo nunca más iba a trabajar en ese lugar. Le pregunté si eso era una amenaza, a lo que me respondió que lo tomara como quisiera. Ahí me di cuenta de que ellos en realidad no tenían ningún interés en mi salud”, dijo la compañera.

Con todas las medicaciones, Ayala fue al Hospital Ameghino, un centro de salud mental. Ella quería que, si realmente estaba enferma, alguien la ayudara. Allí fue atendida por una psiquiatra, la Dra. Bercovich, quien, tras realizarle los estudios correspondientes, le retiró todas las mediaciones.

No cesaron las agresiones, ya que Ayala sufrió más amenazas en la vía pública: “En una oportunidad, en un colectivo, unos hombres comenzaron a empujarme y luego me mostraron que estaban armados antes de irse. Llegó un punto en el que realmente tuve miedo. Fue tremendo tener que decirles a mis hijas por dónde tenían que buscarme si me llegaba a pasar algo. Uno no puede manejarse fácilmente en esos momentos”.

“Como no me pudieron hacer sentir culpable, seguí luchando y exigí todo lo que pude desde el conocimiento que tenía. Tuve muy buenos compañeros adentro que me acompañaron. También en ATE encontré otras compañeras que fueron creyendo en mí”, aseguró la trabajadora.

En el 2007 la compañera se presentó en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo para realizar el pedido de investigación, ya que ella estaba convencida que lo que le había sucedido había sido un accidente de trabajo. Allí le informaron que ni ella ni sus compañeros estaban registrados ni en el sistema de ART, ni de ninguna otra forma. Le preguntaron entonces si quería realizar una denuncia de forma anónima, ya que la misma no iba a ser contra un jefe, sino que iba a ser contra toda la institución. Ella respondió que no, que quería hacer la denuncia con nombre, apellido y número de documento. Así lo hizo.

“Me sometí a la pericia psicológica y psiquiátrica de la junta médica de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, y ellos dieron un fallo a favor mío en el que reconocían lo acontecido como un accidente de trabajo que, sumado al acoso posterior, me había generado una discapacidad psicológica postraumática del 11 por ciento”, relató la enfermera.

La Junta Médica Superior de la Fuerza Aérea rechazó esa sentencia, alegando que lo ocurrido no era ni una enfermedad profesional, ni un accidente. Tras esta respuesta la Superintendencia de Riesgo del Trabajo los vuelve a intimar asegurando que sí se trataba de un accidente laboral, pero como esa repartición no tiene poder de policía, no podía hacer cumplir el fallo.

Fue entonces cuando Ayala se presentó con una abogada particular en la justicia  para realizar el reclamo correspondiente para que se intime a la Fuerza Aérea a reconocer el hecho como un accidente de trabajo. Junta Médica Superior de la fuerza reconoció entonces el hecho como un accidente laboral, pero sólo para el legajo, asegurando que no se debía pagar ninguna indemnización por daños hacia la compañera.

Ayala y sus abogadas fueron a la primera Cámara de Apelaciones del Ministerio de Trabajo. Desde la Fuerza Aérea pidieron que se traslade la causa al fuero federal, pero el Ministerio de Trabajo no aceptó ese pedido asegurando que la misma correspondía a los jueces de Trabajo. En esa instancia la Justicia volvió a expedirse favorablemente para la compañera Ayala, pericia psiquiátrica de por medio, aseverando que lo ocurrido respondía a las características de un accidente de trabajo, y condenó a la Fuerza Aérea al resarcimiento económico de la compañera, así como al pago de un tratamiento psicológico de dos años.

La Fuerza Aérea entonces volvió a apelar. A pesar de reconocer todo lo ocurrido, se negaban a hacerse cargo de la responsabilidad en el asunto, y pretendían no pagar ni el resarcimiento ni el tratamiento.

“En ese momento mi abogada volvió a apelar para exigir que se haga justicia, y el caso fue elevado a la Corte Suprema de Justicia, en donde fallaron a mi favor, elevando incluso el monto del resarcimiento económico de la condena de la primera instancia”, contó Ayala.

Declararon entonces, el 20 de noviembre último, al Caso Ayala como precedente en la legislación argentina, ya que fue la primera vez que se reconoce un accidente de trabajo por acoso y violencia laboral.

“En el Hospital Aeronáutico, así como en gran parte de la Fuerza Aérea, nunca se realizaron controles periódicos de la salud de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores eran totalmente vulnerados desde la patronal, y logramos que ese sistema se rompiera. Tenemos ahora un médico laboral, así como historias clínicas laborales. Esto fue logrado a raíz de este caso. Estamos orgullosos de que en nuestro sector hoy los compañeros tengan un lugar de trabajo donde su salud es cuidada”, declaró, con seguridad, la enfermera.

Prensa ATE – 30/11/2012