Desde la organización denunciaron que “esta exclusión constituye una práctica que ATE viene denunciando desde hace tiempo y que motivó el inicio de las acciones judiciales correspondientes por práctica desleal y vulneración de la libertad sindical”.

ATE exige que se dispongan medidas para investigar los hechos y se intime al empleador a que cese de inmediato toda práctica que implique una afectación a la libertad sindical.

“El presidente nos ha robado 26 billones de pesos, perjudicando la vida y los ingresos de estatales y privados. Los fondos que la Nación retiene ilegalmente eran utilizados para cubrir salarios, políticas de salud, educación, niñez, jubilaciones y políticas sociales”, dijo.