La Justicia
laboral de primera instancia y luego la Sala I de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo consideraron discriminatorios los despidos y ordenaron
la reincorporación de los trabajadores. La patronal, aunque retomó a los
desplazados, elevó un recurso al máximo tribunal que derivó en la convocatoria
al “amicus curiae” (amigos del tribunal) para debatir “quién o quiénes son los
sujetos habilitados constitucional y legalmente para disponer medidas de acción
directa”.

Al momento
se anotaron diversas organizaciones, entre ellas las dos CTA, la Asociación de
Abogados Laboralistas, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la
Federación de Aceiteros y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA).

Matías
Cremonte, representante legal de Francisco Orellano y director del equipo
jurídico de ATE nacional, analizó las motivaciones, alcances y posibles
repercusiones de la convocatoria de la Corte.

— ¿Qué detona esta convocatoria de la
Corte?

— En 2011
hubo un conflicto muy grande en un centro de distribución del Correo Argentino,
que hoy se llama Correo Oficial de la República Argentina y es un organismo
público que depende del Ministerio de Planificación. Un grupo de trabajadores
realizó medidas de fuerza en contra de cómo se venía llevando adelante la
negociación paritaria y la empresa despidió a 46. En todos los telegramas queda
claro que la causa de los despidos fue el conflicto. Se iniciaron acciones
judiciales solicitando la reinstalación, considerando que hubo despido
discriminatorio por ejercer un derecho colectivo, algo prohibido por la ley de
asociaciones sindicales. En el caso Orellano la justicia dio la razón en
primera y segunda instancia ordenando la reinstalación. El Correo presentó un
recurso extraordinario de queja ante la Corte, la cual toma el caso y para
expedirse convoca a una audiencia pública, algo que está dentro de sus
facultades. El caso llega a la CSJN como despido discriminatorio, pero el tema
por el cual ésta convoca a la audiencia pública es la titularidad del derecho
de huelga. Porque si despidieron a un trabajador por una huelga que no había
sido convocada por un sindicato sino por los trabajadores y si se concluye, por
ejemplo, que la titularidad legal del derecho de huelga es de un sindicato, la
Corte puede decir que está bien despedido.

— ¿Se dieron
ya convocatorias de este tipo?

— Sí, hubo
varias, es una nueva modalidad, un signo de apertura de la Corte con la
sociedad para discutir temas a la luz del día. Puede ir cualquiera a presenciarla,
pero están convocadas esencialmente las partes, a las que la Corte les hace
preguntas, abre la posibilidad de que se presenten los “amicus curiae”, figura
que habilita a aquellas organizaciones o personas físicas que consideren que
tiene algo que decir sobre el tema, a asistir, apoyar a una de las partes y
fundamentarlo en la audiencia.

— ¿Cuál es
el debate legal detrás de esta convocatoria?

— La huelga
en nuestro país está regulada en el artículo 14 bis de la Constitución
nacional, incorporado en 1957. El antecedente había sido la Constitución
peronista de 1949, que fue totalmente distinta y cambió de paradigma
incorporando derechos sociales, pero de la huelga no decía nada. El redactor y
autor intelectual de 1949 fue el constitucionalista Arturo Sampay y argumentaba
que no estaba porque la consideraba un hecho, una libertad natural que tienen
los trabajadores. La revolución libertadora derogó esa Constitución y volvió a
regir la anterior, la de 1853 que es la actual, pero se reforma en 1957
incorporando el 14 bis, que en su segundo párrafo dice que queda garantizado a
los gremios el derecho de huelga. Pero si uno se pregunta qué quiso decir con
gremio y por qué no dijo sindicato, u organización sindical, hay que recordar
que no son sinónimos. En los debates de la Convención Constituyente se dieron
discusiones muy interesantes, donde se explicaba que es un derecho de los
gremios y que se entiende al gremio como el colectivo que corresponde a una
misma actividad o profesión u oficio, es el género. El sindicato es la especie,
la asociación que deciden, o no, formar voluntariamente los trabajadores de ese
gremio.

— ¿Cuál es
la legislación y jurisprudencia sobre esta temática?

— En la ley
14.186 de conciliación obligatoria está regulado el accionar del Ministerio de
Trabajo, pero para resolver los conflictos, no para ver quién puede o no ir a
la huelga, en la que no se habla del sindicato, sino de “las partes”. Y también
está regulada en los servicios esenciales para garantizar la atención mínima.
No hay otro tipo de regulación. Sin embargo, todo lo que la Justicia interpretó
después de la sanción del 14 bis hasta hoy, fue que el titular del derecho de
huelga es el sindicato. Es más, el sindicato con personería gremial. Aquella
huelga no convocada por el sindicato con personería gremial, puede ser
ilegítima y motivar el despido con causa. Ahí está el debate. Nunca más se
habló en la Corte de esto y actualmente la Justicia no lo sigue diciendo tan
abiertamente. De hecho, en casos como el de Orellano, ordenan en instancias
previas reinstalarlos por considerar que es un despido discriminatorio.

— ¿Ve con
preocupación este intento de regular el derecho a huelga?

— Todo lo
que se regule sobre esto va a tender a restringir. Lo ideal es que la Corte no
se expida sobre la titularidad del derecho de huelga, porque el artículo 14 bis
es muy claro. La huelga es parte de las relaciones sociales, de la
contradicción de clases y no puede haber un artículo que diga qué es huelga,
cómo se hace y qué hay que hacer. Nosotros defendemos que es un derecho de los
trabajadores, no de los sindicatos. Se ejerce colectivamente pero es un derecho
individual. Hay quienes consideran que la Corte llamó para rediscutir los
efectos del despido discriminatorio y legitimar la indemnización como resolución.
En este caso sostenemos que es muy difícil porque el trabajador ya fue
reinstalado y el Correo lo consintió sin reservas.

—Si se
reconociera el derecho a los simplemente inscriptos ¿sería también una
restricción?

— Sí, porque
deja afuera todas las situaciones, que de hecho se dan, donde hay asamblea,
huelga y conflicto con trabajadores sin ser convocados por un sindicato con
personería gremial o inscripto. La discusión no pasa por si los sindicatos
representan bien o no los intereses, si van a la huelga o no. La discusión es
qué pasa cuando no está el sindicato, por qué tiene que depender de un
sindicato el ejercicio de un derecho que les corresponde a los trabajadores. En
nuestro país no hay una guerra civil donde las huelgas terminan en anarquía.
Entonces ¿qué hay que controlar si las huelgas se resuelven? Las huelgas no son
el problema, son la consecuencia de un conflicto. El problema que tiene el
Estado es cómo colabora para resolverlo para que vuelvan a trabajar los obreros
y a ganar plata los empresarios en el sistema capitalista. No taparla,
interrumpirla o limitarla.

— ¿Hacia
dónde cree se orientará la definición del tribunal?

— La Corte
tiene ya un fallo muy importante por despido discriminatorio, que es “Alvarez
contra Cencosud”, en el que entendió que el despido de un activista sindical,
aun no siendo representante formal de los trabajadores, es nulo, se trata de un
acto ilícito y debe ser reparado. En ese caso, la Corte consideró unánimemente
que hubo un caso discriminatorio. Pero sólo una mayoría de cuatro jueces
entendió que la reparación era únicamente la reincorporación. Hubo una minoría
en ese fallo, compuesta por Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, que
consideró que exista la posibilidad de pagarle una indemnización.

—En caso de
un planteo restrictivo, ¿cómo se sigue?

— Es muy
difícil llevar al plano de los hechos lo que ocurre en el derecho. Si la Corte
sacara un fallo adverso, podríamos recurrir a planos superiores. El marco
normativo interamericano de derechos humanos es muy claro al afirmar que el
derecho de huelga es un derecho de los trabajadores.

—En su
último encuentro, la OIT debatió sobre la ofensiva patronal a nivel mundial
sobre el derecho a huelga ¿existe alguna vinculación?

— Pareciera
que este debate se enmarca en el dado a nivel mundial. El neoliberalismo global
pretende avanzar en sacar los derechos otorgados 50 o 100 años atrás. Pero es
una discusión recurrente en las épocas de crisis. Sin embargo ahora el problema
es que la crisis y la reacción de los sindicatos y los trabajadores se da en
Europa, por eso esta notoriedad. Los órganos de interpretación de la OIT, como
el de libertad sindical, la comisión de expertos y otros, al emitir opiniones
siempre dijeron que dentro de ello está el derecho a huelga. Nunca se discutió
hasta hace tres años, cuando el sector patronal representado también en la OIT
planteó que no está garantizado por el artículo 87 y puso en cuestión hasta las
últimas conferencias internacionales. Ese debate en Argentina no tiene mucha
incidencia porque la Constitución lo garantiza. Y en derecho de trabajo, rige
la ley más favorable.

—En clave
histórica ¿qué implica este debate?

— El derecho
del trabajo es fruto de las luchas sociales. Primero vinieron las huelgas y
después vino el derecho. Cuando nace el derecho de trabajo muchos consideraron
que fue un acuerdo entre capital y trabajo, donde se fijaron derechos y se dejó
de discutir el capitalismo. El movimiento obrero dejó de discutir el sistema
capitalista en tanto le reconozcan su derecho a negociar colectivamente y la
herramienta para avanzar, que es la huelga. En teoría la sociedad iba a ir
avanzando de ese modo y el movimiento obrero iba a ir avanzando y creciendo y
participado cada vez más del fruto de su trabajo. A cambio, el capital logró
que no se discuta el sistema. Entonces plantear esto ahora, es rediscutir aquel
pacto tácito de hace 100 años. Si los empresarios rediscuten el derecho a
huelga, entonces los obreros pueden volver a discutir el sistema capitalista y
dar por caído el marco legal que lo sostiene.