El Instituto de Estado y Participación de ATE (IDEP) que coordinan Claudio Lozano y Horacio Fernández elaboró un informe luego de analizar las cuentas fiscales del Sector Público Nacional (SPN) del ejercicio 2021.
El trabajo titulado «El ajuste antes del ajuste» deja en claro que durante ese período se registró una reducción del déficit fiscal de 1,1 del PBI respecto a lo proyectado en la ley de Presupuesto.
En el informe se precisa que el Sector Público Nacional cerró el ejercicio fiscal 2021 con un déficit primario equivalente al 3,1% del PBI y un déficit financiero (después del pago de intereses de deuda) equivalente al 4,5% del PBI. Este resultado primario implica una mejora fiscal de 1,1% del PBI respecto del déficit de 4,2% del PBI previsto en el presupuesto público para el ejercicio y una mejora de 3,3 % del PBI respecto de 2020 (que finalizó con un déficit primario de 6,4 puntos del producto).
Esto se explica, por un lado, por el aumento de la actividad y los precios del mercado internacional, y por el Aporte Extraordinario de las grandes fortunas (que recaudó el equivalente a 0.5% del PBI).
Pero, por otro, el Instituto alertó que este responde a un ajuste sobre «partidas y políticas públicas muy sensibles, que son actualmente materia de debate en el marco de las negociaciones con el FMI en relación al magnífico préstamo contraído por la administración macrista y su condicionante presupuestario».
Así, el ajuste en el gasto corriente primario, que cayó 3% en valores reales respecto de 2020, alcanzó al valor real de las Prestaciones sociales (que perdieron 12% en valor real), de las Transferencias corrientes a provincias (que perdieron 26% en valor real) y de las Transferencias corrientes a Universidades (que perdieron 6% en valor real).
En Prestaciones Sociales hubo pérdidas de valor real del gasto en AUH (-8%), en las prestaciones del PAMI (-13%) y en los Otros Programas sociales (-37%); y las transferencias de ANSES en concepto de jubilaciones y pensiones perdieron 6% en valor real respecto de 2020.
«Esto significa que el ajuste que pide el Fondo viene a aplicarse sobre un presupuesto ya ajustado donde la única partida ampliada fue la de subsidios económicos a las empresas energéticas, que alcanzaron un gasto total equivalente al 2,3% del PBI (0.5 p.p. más que en 2020)», advirtieron desde el equipo que también integran Ana Rameri, Eugenia Ventura Flossi y Mariana Rivolta.
En paralelo, el IDEP hizo hincapié en que «la evolución de los recursos totales durante 2021 pone en evidencia la importancia fiscal del llamado Impuesto a las grandes fortunas y la necesidad de avanzar en una reforma progresista del sistema tributario que permita alcanzar más potentemente a los contribuyentes de mayor capacidad».
